En un comunicado, el organismo sostiene que su investigación está basada en datos proporcionados por las comisiones estatales de derechos humanos, los diversos institutos de la juventud, las procuradurías generales de justicia de las entidades federativas y la Procuraduría General de la República, información periodística, programas de radio y televisión, así como los diversos estudios en la materia.

[caption id="attachment_9818" align="aligncenter" width="280" caption="Este sector de jóvenes identificados como Emos padecen una silencisa discriminación social y omisión de autoridades para velar por sus derechos humanos/Foto: EFE/Rodolfo Angúlo"][/caption]  

Por lo anterior, la CNDH sostiene en el documento, dirigido a los titulares de las Secretarías de Gobernación, Seguridad Pública, Educación, Trabajo y Previsión Social, y Desarrollo Social, Procurador general de la República , así como a los Gobernadores de las entidades federativas y al Jefe del Gobierno del Distrito Federal,  que tales agresiones son producto de la falta de acción y participación de las autoridades,  para hacer efectivos los espacios de libertad y respeto a las ideas de esa banda urbana.

Las autoridades, agrega, deben otorgar a los diferentes sectores sociales las mismas oportunidades de desarrollo en todos los campos, para evitar, como en el presente caso, que unos y otros se sientan agredidos por la simple manifestación de ideas y aspectos distintos a lo establecido socialmente.

Asimismo, sostiene que las agresiones que se suscitaron se debe a que "el Estado no ha garantizado a los jóvenes el cumplimiento de otros derechos, como son facilitar el acceso a oportunidades de educación, laborales, deportivas y espacios físicos alternativos". 

En su análisis, la CNDH encontró también que la vulnerabilidad de los emos revela que "aun cuando el orden jurídico mexicano cuenta con legislación que protege a los individuos de la discriminación situándolos en planos de igualdad, al momento de enfrentar el panorama legal con el social no existe una concordancia idónea".

Para enfrentar y prevenir nuevas agresiones entre grupos urbanos, les propone a las citadas autoridades cuatro acciones enfocadas a  elaborar campañas que enfaticen el respeto a la diversidad, dirigidas tanto a la sociedad en general como al interior de sus dependencias.

Les sugiere también diseñar y aplicar, en sus respectivas competencias, políticas públicas específicas para construir y mejorar los espacios de sano esparcimiento.

También Incluir en los planes de estudio, los temas relativos a la discriminación, formas en que se manifiesta, mecanismos para erradicarla e instituciones encargadas de proteger y defender la igualdad de las personas.

Por último, indica, llama a las autoridades a capacitar a los cuerpos de seguridad pública y al personal del Ministerio Público, sobre el trato hacia las y los jóvenes para evitar conductas discriminatorias dirigidas a los integrantes de los diversos grupos juveniles, quienes "son agredidos por su apariencia". (Con información de La Jornada)