Analiza Congreso Ley para eliminar la discriminación en Oaxaca

  Oaxaca, México.- El Congreso del Estado dio entrada a una iniciativa de Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado, cuyos objetivos son definir y promover los criterios y bases para modificar las circunstancias de carácter social que lesionen los derechos fundamentales de las personas que se encuentren en la entidad, así como garantizar condiciones de equidad e igualdad de oportunidades para todos. La propuesta presentada al pleno legislativo por  fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN), a través de la diputada Perla Woolrich Fernández y que plantea la creación del Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, como un organismo descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica, se turnó a la Comisión Permanente de Administración de Justicia que se encargará de su análisis y revisión. En tribuna, la legisladora señaló que a nivel nacional y local se han aprobado leyes importantes como son las de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de Igualdad entre Hombres y Mujeres, de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y   de Discapacidad, que junto con instrumentos jurídicos firmados y ratificados por México establecen el compromiso de prevenir y eliminar todas las formas de discriminación. Sin embargo, agregó que se requiere de un marco jurídico propio que contribuya al desarrollo de mecanismos encaminados a permitir a las víctimas de agresiones, abusos e intimidaciones, a superar las barreras físicas, culturales y normativas que los separan del acceso a la administración de justicia y del restablecimiento de sus derechos. Explicó que se reconocen en el texto de la iniciativa de ley los procedimientos en los cuales toda persona podrá denunciar presuntas conductas discriminatorias y presentar ante el consejo quejas respecto a dichas conductas, ya sea directamente o por medio de un representante. Para la presentación de las quejas, se establece el plazo de un año, contado a partir de que la o el quejoso tenga conocimiento de la conducta discriminatoria reclamada