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Cuando las esperanzas de libertad para los presos de Atenco brillan con más fuerza, es imprescindible ratificar nuestra incondicional solidaridad y exponer que, a 37 meses de la desaparición forzada de los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez y casi 14 años de la detención ilegal y encarcelamiento despótico de los indígenas loxicha que aún permanecen en prisión, las esperanzas de libertad para los Presos Políticos y de Conciencia de la Región Loxicha, también son alimentadas por estos acontecimientos.
Lamentamos que el Estado Mexicano, lejos de contribuir, en el entorno latinoamericano, al fortalecimiento de los derechos humanos, obstaculiza el derecho de las víctimas a conocer la verdad y alcanzar asomos mínimos de justicia; ya que la Procuraduría General de la República, lejos de cumplir con su responsabilidad en cuanto a la denuncia interpuesta en octubre de 2002 contra Diódoro Carrasco y sus secuaces por los delitos de lesa humanidad cometidos contra indígenas de la Región Loxicha, exhibe mecanismos dilatorios para perpetrar la impunidad que ha sido extendida a estos mercenarios de la política por las violaciones a derechos humanos contra los indígenas zapotecos, que han sido ampliamente documentadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Los partidarios de Gabino Cué nos acusarían de interferir en sus sueños de cambios verdaderos pero, cómo ser indiferente ante la tragedia que viven minuto a minuto quienes aún permanecen en las garras de la prisión, quienes han quedado huérfanos, han abandonado sus terruños o sufren las secuelas de la desaparición forzada, la cárcel y la tortura.
Cómo abrir un compás de espera para no tocar con el pétalo de una mención a los responsables de este pasado tan atroz que sigue tan vivo y amenaza con profundizarse con sus aspiraciones del retorno al poder.
Sin impunidad, otra Loxicha es posible.
¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!
¡Presos Políticos y de Conciencia de la Región Loxicha, libertad!
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