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"Este ataque aumenta la necesidad de que las autoridades protejan a los sobrevivientes, además de tomar medidas inmediatas para restaurar el Estado de derecho y la protección a los derechos humanos en esta problemática región del sur de México," dijo Kerrie Howard, directora adjunta para las Américas de Amnistía Internacional.
"Grupos armados operan en la región desde hace varios años en total impunidad. Las autoridades deben actuar para restaurar el Estado de derecho, comenzando con una investigación pronta y minuciosa sobre los homicidios de Teresa Ramírez Sánchez y Serafín Ubaldo Zurita."
Este mes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamó a las autoridades mexicanas a proteger a las comunidades que habitan en esa región del país.
Las cinco víctimas del ataque, que ocurrió entre los poblados de Santiago Juxtlahuaca y Yosoyuxi, eran integrantes de un grupo político conocido como el Movimiento de Unidad y Lucha Triqui Independiente (MULTI).
El MULTI, apoyado por 700 personas triqui, estableció el municipio indígena autónomo de San Juan Copala el 1° de enero de 2007.
En septiembre de 2010, miembros armados de otras dos organizaciones indígenas triqui, conocidas como UBISORT y MULT, ingresaron y ocuparon el municipio autónomo de San Juan Copala. Todos los habitantes identificados como integrantes del MULTI huyeron del poblado y se ubicaron en zonas aledañas, tales como Yosoyuxi.
San Juan Copala estuvo sitiado de noviembre de 2009 a septiembre de 2010, con grupos armados rodeando la comunidad y disparando diariamente en las calles para intimidar a los habitantes, muchos de los cuales apoyaban al MULTI. Durante el sitio, no había suministro de alimentos, agua o medicinas y otros productos médicos.
El 27 de abril de 2010, hombres armados pertenecientes a UBISORT emboscaron un convoy humanitario cerca de San Juan Copala matando a dos defensores de derechos humanos. El 7 de septiembre, hombres armados atacaron e hirieron a dos mujeres indígenas habitantes de San Juan Copala. Nadie ha comparecido ante la justicia por estos crímenes.
Durante varios años, grupos armados, algunos de los cuales presuntamente tienen vínculos con las autoridades locales y estatales, han hostigado y asesinado a indígenas triqui por su presunta filiación con organizaciones indígenas locales. Las autoridades estatales y federales no han tomado acciones suficientes para desmantelar a los grupos armados.Te podría interesar...








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