El anuncio no recoge que el mecanismo vaya a atender también a defensores y defensoras de los derechos humanos, como así quedó establecido en la minuta del diálogo entre gobierno y sociedad civil que se llevó a cabo en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, en la Ciudad de México en febrero pasado.
Así mismo, no queda claro cuál será el papel de la Oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), que impulsó este proceso junto con la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y cuya participación resulta decisiva para asesorar en la creación y funcionamiento de un mecanismo con perspectiva transversal de derechos humanos y de género.
Diversas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos se han pronunciado sobre la necesidad de que, para su eficiencia, el mecanismo cuente con un marco normativo adecuado; competencia y capacidad de actuar en las entidades federativas y el Distrito Federal; tener recursos propios y suficientes y asegurar la participación de las organizaciones de la sociedad civil y de periodistas, tanto en el diseño como en su funcionamiento.
La experiencia colombiana ha sido una de las referencias principales en la discusión para la creación de una instancia similar en México. En ese sentido, se invitó a funcionarios colombianos y a representantes de la sociedad civil con experiencia y un trabajo activo en la discusión y adopción de medidas de protección para periodistas y defensores en situación de riesgo. En la creación del mecanismo, el Estado colombiano reconoció la urgencia y la ineficacia de las instancias de estado en la prevención, protección e investigación de las agresiones y amenazas; mostró voluntad política y se generaron espacios de confianza entre el gobierno y la sociedad civil.
Las recomendaciones de organismos internacionales de libertad de expresión han sido claras al respecto: “Dicho mecanismo debe ser implementado a través de un comité oficial e interinstitucional de alto nivel; ser liderado por una autoridad federal; contar con capacidad de coordinación entre las diversas autoridades y órdenes de gobierno; tener recursos propios y suficientes; y garantizar la participación de periodistas y organizaciones de la sociedad civil en su diseño, funcionamiento y evaluación."
Para más información consultar el micrositio de Cencos: Mecanismo de protección para periodistas y personas defensoras de los derechos humanosTe podría interesar...








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