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Se trata de un grupo específico y cautivo, pues el trabajador paga sus impuestos, pero también lo hace cuando ya se retiró de la actividad económica, y posteriormente es cautiva su familia al costear el gravamen por cobrar una pensión; es una situación que no ocurre cuando se trata de las grandes compañías, puntualizó.
El tema, apuntó, puede tener una orientación política porque no significa un rubro con una importante recaudación para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por ejemplo en el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el porcentaje de trabajadores cuyo sueldo rebasa los nueve salarios no llega a dos por ciento; sin embargo, sí son significativos la crítica y el malestar social provocado por el cobro de este impuesto a los grupos más vulnerables.
Daniel Chichil recordó que efectivamente –como lo han señalado legisladores– la aplicación del gravamen se encuentra establecida en la ley y desde 1979 se fijó que hasta en nueve salarios mínimos las pensiones están exentas.
La profesora expuso por otra parte que el propio IMSS no grava con impuestos sus ingresos, rentas, contratos, actos jurídicos, documentos ni operaciones contables y los mismos patrones quedan exentos por contribuir a la seguridad social y también al crear o incrementar las reservas para los fondos de pensiones o jubilaciones para su personal.
La investigadora consideró que el partido político que logre impulsar e incluso derogar dicho gravamen “tiene mucho que ganar en las próximas elecciones”, porque “estamos hablando de grupos vulnerables como huérfanos, incapacitados, viudas y padres sobrevivientes de trabajadores”.
Este es el momento de que los legisladores demuestren su interés en favor de dichos grupos, afirmó







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