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El dictamen, aprobado por unanimidad y emitido por la Comisión Permanente de Derechos Humanos, señala que esta medida atenta contra las garantías individuales de los connacionales que radican en ese estado y de quienes por su apariencia racial pudieran ser sospechosos de ser indocumentados.
Puntualiza que es legítimo que el gobierno mexicano a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, denuncie en el seno de la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la flagrante violación a los derechos fundamentales de los migrantes puesto que son las instancias internacionales y diplomáticas las idóneas para promover la concordia y cooperación entre los países.
Por ello, para tratar de revertir las consecuencias de la Ley SB 1070 y también evitar una serie de iniciativas similares que están listas en el Congreso estadounidense, los legisladores acordaron apoyar que se presente un recurso ante la CIDH.Te podría interesar...








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