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Esa política de negar o entregar a cuentagotas los recursos económicos que por ley le corresponden a los municipios se aplicó de manera recurrente durante todo el sexenio con los ayuntamientos incómodos, sobre todo a los gobernados por partidos de oposición. Lo que resulta extraño es que de este injusto trato no se hubiese escapado un ayuntamiento priísta como el de la ciudad de Oaxaca de Juárez y que ni el presidente municipal constitucional ni el cabildo se hubiesen inconformado en tiempo y forma por este atropello del gobierno del estado.
Bueno, ni tan extraño pues habrá que tomar en cuenta que cuando el ayuntamiento empezó a dejar de hacer sus pagos puntuales a la CFE, es decir, en el mes de febrero de este año, la disputa por la candidatura a la gubernatura entraba en su fase decisiva.
Y el presidente municipal, José Antonio Hernández Fraguas, formaba parte de la quinteta de aspirantes. Y lo importante para entonces era no molestar ni provocar la ira del Gran Elector con la esperanza de ganar la candidatura. Por eso se optó por el camino fácil de promover un amparo que temporalmente resolvió el problema.
De acuerdo con la versión oficial de la CFE, el ayuntamiento fue notificado el 30 de junio y luego el 20 de octubre para cubrir sus adeudos. La primera notificación no surtió su efecto legal porque estaba vigente el amparo, pero no ocurrió lo mismo con la segunda notificación y las consecuencias ya la estamos padeciendo los ciudadanos, los contibuyentes y todos los habitantes de una ciudad agraviada constantemente ante la pasividad y/o complicidad de las autoridades municipales y del gobierno del estado.
Pero, al parecer, la crisis financiera del ayuntamiento de la ciudad capital no obedece solamente a la retención de sus partidas municipales pues todo indica que desde adentro hubo quién o quienes no repararon en dilapidar su presupuesto, desviarlo con fines electorales o mal administrarlos.
Por eso, habrá que agradecerle ahora al presidente municipal interino, Pablo Calderón, el valor que ha tenido para terminar reconociendo que el ayuntamiento de la ciudad de Oaxaca prácticamente la heredó en bancarrota. Bajo esas condiciones es probable que las tinieblas de un gobierno municipal ineficaz e irresponsable, y de un poder ejecutivo arbitrario, toquen fondo al dejarnos también sin seguridad pública, sin el servicio de recolección de basura, con calles semidestruídas y semáforos inservibles.
La pregunta es si con todo este tiradero, el nuevo gobierno municipal se atreverá a deslindar responsabilidades y aplicar la ley, o, por el contrario, para no ser acusado de revanchista, optará por la vía fácil del borrón y cuenta nueva.
Una verdadera prueba de fuego, y de congruencia política, del presidente municipal electo, Luis Ugartechea.
isidoroyescas@yahoo.com.mx
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