Exige AI acciones inmediatas a la ONU en zonas de conflicto

Oaxaca. México. Diversas organizaciones internacionales instan al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a actuar urgentemente para responder a la violenta ola de represión que ocurre actualmente en el Medio Oriente, África del Norte y otros lugares. El Consejo de Derechos Humanos no puede permanecer como un observador pasivo de estos sucesos, durante los cuales muchos ciudadanos han perdido la vida o la han puesto en riesgo por la represión violenta e ilícita. Cientos de miles de personas en varios países han salido a las calles para exigir pacíficamente el respeto a sus derechos y libertades fundamentales. Cientos de manifestantes han sido asesinados. [caption id="attachment_93468" align="alignleft" width="300" caption="Piden a Derechos Humanos de las Naciones Unidas actúe de inmediato."][/caption] Manifestantes, periodistas, defensores de derechos humanos, antiguos prisioneros políticos y trabajadores humanitarios han sido golpeados y arrestados arbitrariamente. Frente a estas terribles violaciones de derechos humanos  y libertades fundamentales el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas no puede seguir guardando silencio. El Consejo debería: • Condenar explícitamente el asesinato de los cientos de manifestantes en las últimas semanas y llamar a un cese inmediato de los mismos, incluyendo en Libia, donde aún se llevan a cabo. • Condenar todas las formas de uso excesivo de la fuerza para reprimir las manifestaciones, incluyendo el uso extendido de arrestos arbitrarios, detención y tortura de manifestantes pacíficos. • Condenar las restricciones sin precedentes que limitan el acceso a la información y violan la libertad de expresión, tales como el bloqueo de los servicios de internet y telecomunicaciones, así como los ataques contra los profesionales de los medios. • Recordar a todos los gobiernos que están viviendo manifestaciones masivas y extendidas que deben respetar y proteger la libertad de reunión y asociación, y que deben permitir a sus ciudadanos expresar sus opiniones a través de manifestaciones pacíficas, de acuerdo con sus obligaciones internacionales. • Reafirmar que es responsabilidad de los gobiernos proteger a los defensores de derechos humanos y garantizar su seguridad. • Pedir la liberación inmediata de  todas las personas detenidas arbitrariamente durante las manifestaciones. • Asegurar que no habrá represalias contra quienes hayan participado en las manifestaciones. • Recordar a los Estados de sus obligaciones bajo el Artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el cual establece que “la voluntad del pueblo será la base de la autoridad del gobierno; ésta será expresada en elecciones periódicas y genuinas”. • Llamar a los gobiernos que han experimentado protestas a que garanticen que se llevarán a cabo investigaciones independientes sobre las violaciones de derechos humanos cometidas durante las manifestaciones, y que éstas serán realizadas prontamente, llevando a los responsables ante la justicia. • Establecer las lecciones obtenidas con estos eventos y, donde sea aplicable, las buenas prácticas de los gobiernos en materia de protección de derechos humanos y libertades fundamentales en situaciones de manifestaciones pacíficas masivas. Muchos de los manifestantes están rechazando gobiernos que han limitado los derechos humanos y libertades fundamentales de sus ciudadanos durante varias décadas. Por lo tanto, el Consejo debería también tratar las raíces de las manifestaciones pacíficas, incluyendo la negación de derechos fundamentales civiles, políticos, sociales y económicos. Finalmente, en vista de las previsiones contenidas en la Resolución 60/2511 de la Asamblea General, se espera que los miembros del Consejo “mantengan los estándares más altos en la promoción y protección de los derechos humanos”. Debido a los recientes asesinatos de manifestantes en Libia y Bahrein, así como a la represión sistemática y extendida de las manifestaciones, la Asamblea General debería suspender inmediatamente la membresía de ambos países ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por las violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos.