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"Encontramos algunos casos en donde la ‘buena conducta’ del presunto asesino de una muchacha fue avalada por los propios peritos que investigaban por qué la mató", afirmó Verónica Abreu, del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, una de las organizaciones que documentaron los casos a través del Instituto Nacional de Acceso a la Información (IFAI) ante la negativa de las fiscalías para dar información.
Como muestra representativa de la impunidad, las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres denunciaron que del total de los 1,728 feminicidios, sólo ha habido 40 sentencias.
"En todo el país hay un patrón similar a los casos más conocidos de Ciudad Juárez de minimizar el tema de discriminación de género que lleva a los asesinatos", alertó ayer María de la Luz Estrada, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos. "Hay un foco rojo que si no se atiende se va a desbordar".
En contra de los avances para frenar los abusos, el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres determinó rechazar una de las primeras declaratorias de Alerta de Violencia que obligaría al Estado de México a tomar medidas urgentes para garantizar la seguridad de género.
Esta entidad —vecina a la capital mexicana— ha registrado 422 asesinatos de enero de 2005 a noviembre de 2010; de los cuales, el 57% se desconoce al agresor y en el 37% de los casos el atacante fue una persona "conocida" de la víctima como parejas, familiares y vecinos.
"En cinco años, el Estado de México duplicó la cifra máxima que registró Ciudad Juárez (Chihuahua) en el período más violento de 1993 a 2003, cuando se dispararon los feminicidios en la frontera", destacó la legisladora Teresa Incháustegui, de la Comisión de Género en la Cámara de Diputados.
Ante la falta de resultados en la disminución de feminicidios y violencia de género, el Congreso aprobó para este año un presupuesto de aproximadamente 1.25 millones de dólares para auditar los dineros que van a campañas y políticas de equidad de género.
"Queremos confirmar que los recursos se estén usando efectivamente para el fin que son destinados", precisó Incháustegui.
Uno de los principales temores de las activistas en medio de una cruenta lucha contra la inseguridad relacionada con el crimen organizado es que las muertes de mujeres se estén achacando a asuntos de drogas.
"Lo más fácil para las procuradurías locales es echar la culpa a los narcotraficantes y así no investigar, lavarse las manos", alertó María de la Luz Estrada, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
Los estados con mayores índices de feminicidios son Chihuahua, Estado de México, Oaxaca, Tamaulipas, Sinaloa y Jalisco.Te podría interesar...








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