Oaxaca, México.- La diputada Zori ZIga, en nombre de la diputación priísta exigió en un exhorto a la PGR que intervenga en la investigación sobre el caso del profesor desaparecido, pues  “pasan los días y no tenemos noticia sobre la ubicación y el estado de salud del profesor Carlos René Román Salazar, coordinador académico del centro de desarrollo educativo y miembro del comité ejecutivo seccional de la sección 22 del magisterio de Oaxaca”. La diputada por el distrito de Pinotepa, señaló que “se trata de un luchador social que ha dedicado buena parte de su vida profesional a la defensa de los derechos gremiales y sociales de la organización a que pertenece, lo que suscita la duda razonada sobre los móviles de su lamentable y reprobable  desaparición, que no se descarta pudieran ser políticos”. Zori Ziga, denunció la frivolidad con que se han llevado las averiguaciones, cuando es deber del gobierno y de las autoridades de la materia hacer una investigación seria, profesional y exhaustiva, y no sólo mediática o escenográfica, para ubicar ya al profesor desaparecido. Cuestionó la fórmula peculiar con que ahora se conduce la procuración de justicia en Oaxaca: “no estamos de acuerdo con reducir la investigación al ofrecimiento de estímulos que sólo restan seriedad a un caso que merece toda la atención y toda la pericia de las autoridades competentes”. Por eso, los diputados priístas plantean que “por la magnitud y el significado del caso relativo a un miembro del mayor gremio del estado, se exhorte no sólo al gobierno estatal y a la Procuraduría General de Justicia del Estado, sino a la Procuraduría General de la República a que se aboquen y resuelvan, de manera seria y profesional, este reclamo de justicia”. Zori Ziga y los diputados priístas fundamentaron  la intervención del órgano legislativo en el hecho de que “más allá de partidos políticos, el Congreso debe ser un órgano del Estado que coadyuve en todo momento a la solución de las demandas de la gente, si no de manera directa sí utilizando su fuerza legal y su autoridad moral para que el poder público dé respuesta puntual a las demandas sociales y los reclamos de las personas en lo individual