
En conferencia de prensa, encabezada por el secretario de Asuntos Indígenas, Adelfo Regino Montes y la directora Regional del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) Pacífico Sur, Margarita Dalton, se dieron a conocer los detalles de este encuentro, en la que participarán especialistas de los países de Perú, Nicaragua, Ecuador, Costa Rica, Guatemala, Colombia, Bélgica, Estados Unidos y Chile.
El titular de la SAI, Adelfo Regino Montes, indicó que se busca la posibilidad de crear una ley secundaria que permita regular este importante derecho de ordenamiento jurídico para legalidad a la consulta e información previa entre los pueblos indígenas, lo cual ya trabaja la actual administración para que las propias comunidades sean tomadas en cuenta en la realización de programas gubernamentales.
Oaxaca fue elegida como sede este encuentro por ser el estado que cuenta con la más alta concentración de población indígena del país, por lo que el gobierno estatal, el CIESAS y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, han sumado esfuerzos en la organización de este evento internacional, que reunirá a especialistas de varios países latinoamericanos que debatirán sobre este importante tema.
Durante estos tres días, se abordaran temas como: “Bases legales y experiencias jurisdiccionales sobre el derecho de los pueblos indígenas a la consulta y el consentimiento previo”, “El papel del Estado en la implementación de las consultas a los pueblos indígenas y aspectos reglamentarios en las legislaciones sobre consulta en preparación o discusión”.
Así también “Objetivos, contenidos, materias y alcances de la consulta a los pueblos indígenas” y “La Participación de comunidades, pueblos y organizaciones en los procesos de consulta y democracia participativa y consulta indígena: la agenda de Oaxaca”. El evento concluirá con la consideración de las medidas constitucionales sobre democracia participativa adoptadas en Oaxaca, que pueden servir en el futuro inmediato como el marco legal para reglamentar, entre otros asuntos, el derecho de los pueblos indígenas a la consulta; así como para conocer y comentar situaciones generadas por proyectos de desarrollo en curso de establecimiento en el estado.