Oaxaca, México.- El pasado martes 13 de septiembre, en un acto presidido por el Presidente Felipe Calderón y Helen Clark, administradora del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el gobierno mexicano presentó los datos oficiales relativos al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en México. En este acto, el Secretario de Desarrollo Social, Heriberto Félix, presentó unos datos que mostraban avances significativos en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en diferentes ámbitos, como el logro de la educación primaria universal o mejoras en el ámbito de la salud materno infantil. Amnistía Internacional reconoce el trabajo y los avances que el gobierno mexicano ha logrado en la lucha para erradicar la pobreza, así mismo aplaude la colaboración que ha tenido con instancias internacionales, como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Sin embargo, Amnistía Internacional cree que a pesar de lo positivo de los datos presentados por el gobierno federal, los retos que en materia de lucha contra la pobreza debe afrontar México son mucho más profundos y van más allá del logro aparente de algunos indicadores de desarrollo. En primer lugar, no debe olvidarse que según datos oficiales del CONEVAL, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en México hay más de 52 millones de personas viviendo en la pobreza. Estos datos muestran lo crítico de la situación a la que cada día tienen que enfrentarse millones de personas, cuyos derechos económicos, sociales y culturales son violados. Además, el rezago en el respeto a los derechos económicos sociales y culturales, se concentra en grupos de población que no tienen acceso adecuado a los poderes públicos para exigir el respeto a esos derechos. No se les consulta en el diseño de las políticas más adecuadas para luchar contra la pobreza, y tampoco cuentan con mecanismos efectivos para exigir la rendición de cuentas por parte de los servidores públicos. Ante este panorama, Amnistía Internacional entiende que es necesaria una mayor implicación gubernamental para garantizar el derecho a una vida digna de todos los habitantes de México, con pleno respeto de todos sus derechos, incluidos los derechos económicos, sociales y culturales. Para lograr esto, Amnistía Internacional insta al Gobierno Federal a:

•   Integrar una perspectiva de derechos humanos en las políticas oficiales de lucha contra la pobreza.
•   Contar con la participación efectiva de las personas que viven en situación de pobreza en el diseño y ejecución de las políticas de lucha contra la misma.
•   Establecer mecanismos que a todos los niveles permitan hacer rendir cuentas por las violaciones de derechos económicos sociales y culturales a los responsables de dichas violaciones.

En concreto, desde Amnistía Internacional se destaca especialmente la necesidad de contar con mecanismos de rendición de cuentas. Para ello, Amnistía Internacional, así como otras organizaciones de la sociedad civil mexicana han venido pidiendo al gobierno mexicano que cumpla con sus obligaciones y firme a la brevedad el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Dicho Protocolo establece un mecanismo de rendición de cuentas ante las Naciones Unidas para los casos de violaciones de derechos económicos sociales y culturales. Desde que fue aprobado hace más de dos años, ya lo han firmado 8 países de América Latina.

Ante la oportunidad que supone este instrumento internacional Amnistía Internacional México lamenta la inacción del gobierno mexicano para dotar a las personas que viven en situación de pobreza de mecanismos para hacer exigibles sus derechos.