Oaxaca. México. El presidente del Tribunal Superior de Justicia, magistrado Alfredo Lagunas Rivera, ha expresado la necesidad de estar apegados al respeto, protección y garantía de los derechos humanos para que  exista una impartición de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita. Es por eso que  a través de la Coordinación de Derechos Humanos, a cargo de Marina Santiago Cuevas, se da puntual seguimiento a los procesos de investigación iniciados contra los servidores públicos, en donde se ha demostrado violaciones a los derechos humanos relativos a la legalidad y seguridad jurídica de los justiciables. Asimismo, realiza las gestiones pertinentes para dar cabal cumplimiento a los requerimientos de la Defensoría de los Derechos del Pueblo de Oaxaca; de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de otros organismos internacionales públicos defensores de estos derechos, por actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de los funcionarios públicos del Poder Judicial. En el transcurso del presente año, la Defensoría de los Derechos  Humanos para el Pueblo de Oaxaca ha emitido al Poder Judicial del Estado, ocho propuestas de conciliación, de las cuales seis se han cumplido en su totalidad, una, está en vías de cumplimiento, y otra más, no se aceptó por estimar que no hubo violaciones a derechos humanos. Así también, ha emitido una recomendación, a la cual se le dio prioridad y ha concluido nueve de once propuestas de conciliación recibidas de la anterior administración. Cabe mencionar que Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia en coordinación con el Instituto de Capacitación y Especialización de la Carrera Judicial, ha impartido cursos dirigido a los funcionarios judiciales, con la finalidad de capacitarlos y actualizarlos y de esta manera empleen los conocimientos adquiridos en la función de interpretación y aplicación de la  ley en esta materia. El Plan Estratégico para el Mejoramiento de la Administración de Justicia del Poder Judicial,  hace un reconocimiento pleno e irrestricto de los derechos humanos reconocidos en los  tratados internacionales y en las legislaciones federal y local, como el eje central para el mejoramiento de la administración de justicia.