Por tanto, “esta visita tiene como propósito que de acuerdo con su particular situación jurídica conozcan sus derechos para exigirlos y ejercitarlos y verificar que no sean violentados a fin de que se les garantice una estancia digna y segura en la prisión”, subrayó la Procuradora, en presencia del magistrado Ezequiel Raúl Gómez Martínez, representante del presidente del H. Tribunal Superior de Justicia, Alfredo Lagunas Rivera, la presidenta municipal de Santa Catarina, Magdalena Melgar Julián, y el presidente de la Comisión Estatal para la Defensa de los Derechos Humanos, Heriberto Antonio García, entre otros.
Por mandato de la administración del gobernador Cué Monteagudo, la Primera Audiencia Carcelaria tiene como objetivo revisar la situación jurídica de todas las mujeres y hombres indígenas y no indígenas privados de su libertad en calidad de sentenciados o procesados, en un esfuerzo de coordinación con instituciones de procuración de justicia, de derechos humanos y la sociedad civil.
Se trata además - explicó Arreola Ruiz- de escuchar a los internos y revisar sus procesos con el fin de agilizar los trámites, y de acuerdo a la etapa o instancia en que se encuentren darles a conocer alternativas jurídicas para que tengan mejor defensa.
Asimismo, que a través de los defensores públicos y de oficio tengan asesoría jurídica oportuna y gratuita a quienes por su condición de pobreza, diferencias culturales, marginación social o desconocimiento de sus garantías individuales no han logrado gestionar su libertad y reintegrarse a sus familias, a la sociedad.
Refirió que para este nuevo gobierno la cárcel no debe ser un espacio de olvido y marginación, sino que aquí mismo tenga vigencia plena una nueva cultura de respeto a sus derechos más elementales. Por ello, “los muros ( de las prisiones) se han abierto para que la sociedad civil vea quién, cómo y por qué están en esta condición; que conozcan cómo son tratados y en qué condiciones permanecen quienes viven privados de su libertad”, sostuvo la funcionaria.
Anunció que el gobierno estatal y el Congreso del Estado formarán una comisión multidisciplinaria para que revise la situación jurídica de todas las mujeres y hombres indígenas, sentenciados y procesados que se encuentren internos en distintos Centros de Readaptación Social en Oaxaca.
Reiteró que la Procuraduría a su cargo otorga defensa y asesoría jurídica a todos los ciudadanos que lo requieran y que no cuenten con un abogado, principalmente personas de escasos recursos económicos.
Asímismo, se brinda todo el apoyo legal en materia penal, civil, familiar, agraria y de amparo.
Al acto, asistieron además, Emmanuel Castillo Ruiz, Subsecretario de Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública; Marco Antonio Guzmán Antonio, director del mismo rubro, así como Magistrados, Jueces, Agentes del Ministerio Publico y Defensores de Oficio con sede de en las poblaciones de Juquila, Pochutla, Pinotepa Nacional, Jamiltepec y Puerto Escondido.Te podría interesar...








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