Efectos de la Comunicación institucional en el Derecho de la Información

De la REDACCIÓN Oaxaca, México.-  La comunicóloga Adriana Vásquez Ramírez del Colegio Oaxaqueño de la Comunicación puso a la reflexión de la sociedad,  sí la comunicación institucional en Oaxaca cumple con el derecho de acceso a la información o sí sólo se utiliza el erario público paa  posicionamiento político y justificar la permanencia de la institución y del funcionario en su cargo. A continuación el texto integro de la ponencia dictada en el Foro Publicidad, Transparencia y Equidad que organizó la Coordinación General de Estudios de Posgrado e Investigación Jurídica de la Facultad de Derecho de la UABJO. Muchas gracias, antes que nada quisiera reconocer la coincidencia de todas y todos los que hoy nos reunimos para reflexionar y aportar  nuestras visiones  a fin de construir un mejor quehacer de la comunicación y la información en nuestro estado. [caption id="attachment_126140" align="alignright" width="300" caption="Foto: Quadratin Oaxaca"][/caption] El Colegio Oaxaqueño de Comunicación, el cual hoy represento, se propuso como objetivo promover la investigación de lo referente a la disciplina de la comunicación, además de participar activamente en las reformas a las leyes, de acuerdo con los principios sociales del Colegio, defender la creación de condiciones sociales más justas. Evidentemente la tarea no ha sido fácil, quisiera en esta intervención compartirles algunos apuntes desarrollados, desde una postura personal, en relación a las diversas aristas que guarda  el título de esta mesa,  Efectos de la Comunicación institucional en el Derecho de la Información. Primeramente vale recordar  que una institución se debe a la comunidad,  en su definición, las instituciones existen para cumplir una función social en beneficio de las personas, por tanto tenemos, que  es un derecho y una obligación saber lo que se hace por nuestro estado de bienestar,  y el sexto constitucional tiene la intención de garantizar que se nos provea de la información sobre el quehacer  público, a fin de acompañarnos en la toma de decisiones ciudadanas. Ya lo escribe el Dr. Villanueva en su artículo Derecho de acceso a la información y organización ciudadana en México[1], y lo cito, tal derecho, dice,  es por tanto, básico para el mejoramiento de una conciencia ciudadana que contribuirá a que ésta sea más enterada, lo cual es esencial para el progreso de nuestra sociedad. Si tenemos que hablar del quehacer comunicativo de las instituciones y sus efectos en el derecho a la información, tendríamos que preguntarnos si la comunicación de las instituciones en nuestro estado da cumplimiento a esa garantía constitucional o sólo ocupan recursos para generar una imagen con miras a justificar la permanencia de la institución y del titular. Desde hace muchos años, fuentes testimoniales han hablado de la viciada relación que existe entre instituciones y medios,  el pago no regulado de compensaciones monetarias a reporteros y periodistas; el tráfico de influencias; los atropellos arbitrarios por parte de funcionarios públicos contra publicaciones que los critican; la censura, y la autocensura, y otras conductas típicas y atípicas que han definido históricamente las relaciones predominantes entre esos dos actores sociales, y en donde por supuesto la sociedad queda al margen. Pareciera que la situación de transición que actualmente vive nuestro estado es un momento oportuno para acabar con esas prácticas y transacciones viciosas entre medios e instituciones. Ante este contexto, me parece pertinente realizar un corte en la situación actual, e incidir en la búsqueda de mecanismos que faciliten la relación entre instituciones y medios, sin vulnerar las leyes y mecanismos que garantizan la libertad de expresión, el derecho y acceso de la información, y la transparencia de la misma. Es un hecho que ni las instituciones, ni los medios pueden prescindir de una relación, pero es necesario dejar claro las características que cada una de las partes debe cumplir para verse beneficiadas, económica y mediáticamente pero sobre todo reflexionar que le estamos dando a la ciudadanía y si realmente se garantiza su derecho a estar informada. Porque más allá de los beneficios que ambas partes puedan encontrar, nuestra sociedad merece, por un lado, instituciones que se precien de ser juzgadas por sus acciones y no por una realidad recreada, y por otro, como ciudadanía urgimos de medios de comunicación veraces, cuya  información no se pinte de intereses. La comunicación institucional no puede seguir siendo entendida como un poder para controlar y subordinar lo que se quiere que la ciudadanía piense, pero se requiere entonces de nuevos procesos comunicativos  que cubran las expectativas de información para todas y todos. Qué podrían implicar estos nuevos procesos.

• Primeramente que el Estado asuma responsabilidad y obligación para dotar de condiciones a los medios, sin distinción, para que estos cuenten con las condiciones necesarias para realizar las labores que les corresponden y contribuyan a una sociedad mejor informada.
• Las instituciones deben recuperar la responsabilidad y asumirse como organismos públicos al servicio del bien público y dejar de responder a intereses económicos o políticos.
• Considerar como el quehacer de la institución como primer insumo a informar.
• Atender los contenidos de la información pública y hacerlos de fácil acceso a la pluralidad.
• Establecer una relación equitativa, justa y transparente con los medios de información para que estos puedan, brindar el espacio a la información institucional sin coartar su libre investigación u opinión.
• Destinar recursos públicos solo para difusión de información con contenido social, mediante bases y criterios basados en la transparencia y equidad.
• De igual forma hacer partícipe de la información pública a todos los medios de comunicación por igual, sin distinción ni exclusión alguna, salvo su actuar  ético y jurídico.
• Crear verdaderos mecanismos de acercamiento con la ciudadanía, más allá de solicitudes de información o comunicados, retomar procesos comunicativos de mayor alcance y mejor entendimiento.
• Considerar mecanismos de participación comunicativa ciudadana, donde la sociedad pueda interactuar y establecer diálogo con la institución.

Muchas de estas medidas podrían requerir un planteamiento desde un principio legal, pero también muchas podrían resolverse solo con voluntad política y haciendo lo que se tiene que hacer. Tenemos muchos pendientes en materia de comunicación y medios, en la actualidad a nivel federal existen iniciativas que pretenden regular muchas de las problemáticas, de las hoy abordadas. En la Legislatura Estatal existe, incluso por vez primera, una Comisión para la atención a periodistas que ha realizado encuentros con algunos gremios y que cuenta con algunas propuestas, sin embargo, el tema, no es todavía parte  de una agenda inmediata, por eso, desde nuestra trinchera académica pretendemos aportar y sumarnos a la reflexión con el único interés de ejercer la comunicación en un escenario digno y de beneficio común. Mercedes Adriana Vásquez Ramírez[2]

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[1] Derecho de acceso a la información y organización ciudadana en México.- Biblioteca Jurídica Virtual http://juridicas.unam.mx/publica/rev/decoin/cont/1/cnt/cnt6.htm [2] - Maestrante en Comunicación Política y Organizacional por la Universidad José Vasconcelos - Presidenta del Colegio Oaxaqueño de Comunicación