En la “esclavitud”, 2.5 millones de trabajadoras del hogar en EU

Guadalupe Cruz Jaimes/CIMAC Oaxaca, México.- Cerca de 2 millones 500 mil trabajadoras del hogar, 95 por ciento de ellas migrantes originarias de México, otros países de América Latina y Asia, laboran en Estados Unidos desprotegidas por la ley y en condiciones semejantes a la esclavitud. Mariana Viturro, subdirectora de la Alianza Nacional de Trabajadoras del Hogar (NDWA, por sus siglas en inglés), dijo a Cimacnoticias que si la condición migratoria de esas trabajadoras es irregular ellas son más propensas a padecer abusos por parte de los empleadores. La activista señaló que por su condición migratoria irregular la mayoría de las trabajadoras están desprotegidas por la ley, ya que la legislación laboral estadounidense sólo aplica para las y los trabajadores del servicio doméstico en situación regular. Para que la ley laboral del país vecino aplique a las trabajadoras del hogar, además de contar con documentos de su estancia legal, ellas deben ganar con un solo empleador al menos mil 500 dólares (alrededor de 19 mil 500 pesos) al año, y laborar más de ocho horas a la semana con uno o más patrones. Actualmente, los 2.5 millones de trabajadoras del hogar, de las cuales el 95 por ciento son migrantes originarias de México, Centroamérica, algunos países de Sudamérica, el Caribe y Asia, laboran en “pésimas condiciones de trabajo, semejantes a la esclavitud”, recalcó Mariana Viturro. Explicó que mientras el salario mínimo en ese país es de 6.75 dólares por hora, las trabajadoras del hogar perciben en promedio sólo tres dólares. Además muchas de ellas laboran sin el pago de horas extra durante jornadas “muy prolongadas”. Las migrantes que acaban de llegar a Estados Unidos y se ocupan en el trabajo del hogar suelen habitar en casa de sus empleadores. Ellas son a las que menos les pagan y quienes son más propensas a sufrir abusos por parte de sus patrones. “Están muy aisladas, les prohíben salir a la calle, les quitan sus pasaportes, no les dan llaves de la casa”, y por si fuera poco, dijo la subdirectora de la NDWA, “las obligan a trabajar sin descansos entre sus jornadas”. Al estar excluidas de las leyes y demás instrumentos que resguardan los derechos laborales, las trabajadoras del hogar migrantes son “muy vulnerables al abuso”, añadió. Esa vulnerabilidad aumenta si su condición migratoria es irregular, ya que desde hace una década quienes migran en esa circunstancia carecen de cualquier servicio público, como los de salud. Frente a esta situación, las integrantes de la NDWA se sumaron al movimiento de migrantes en Estados Unidos que reclama los derechos de esta población y se opone a leyes discriminatorias como la ley SB1070, aprobada en abril de 2010 en el estado de Arizona. “Es nuestra responsabilidad aportar al movimiento Pro-derechos del migrante y traer la perspectiva de las mujeres en las discusiones de migración a través de las historias de mujeres que han sido afectadas por estas leyes”, refirió Viturro. La Alianza Nacional formó una delegación de mujeres que documenta la violación a los Derechos Humanos de las migrantes en Arizona, con el propósito de que esas historias se difundan y el gobierno estadounidense “ponga un alto a este tipo de legislaciones”. Recientemente, la organización de trabajadoras conformó una delegación similar en Atlanta, Georgia, ya que ese estado pretende aprobar una ley semejante a la SB1070. Al mismo tiempo, la NDWA está acumulando cartas dirigidas a “Papá Noel” escritas por hijas e hijos de migrantes deportados de Estados Unidos a sus países de origen, para solicitar al gobierno de ese país la reunificación familiar mediante la regulación migratoria de sus madres y padres. La intención del movimiento, agregó la activista, es “cambiar el discurso nacional hacia el migrante a largo plazo” y avanzar hacia una reforma migratoria que tenga como eje el respeto a los derechos de todas las personas para tener una vida digna: trabajo, educación, salud y servicios sociales. Lo anterior sólo será posible si se reconoce la contribución de las personas migrantes en ese país, concluyó. 11/GCJ/RMB CAMPAÑA PERIODISTAS DE MESOAMÉRICA A FAVOR DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS * Políticas de SSyR deben contemplar factores culturales -- Educación sexual ayuda a disminuir embarazos en adolescentes Por Citlalli López, corresponsal Oaxaca, 20 sep 11 (CIMAC).- El aumento de los embarazos en adolescentes, casos de muerte materna, cáncer cérvico uterino, aborto y VIH-Sida, obligan a replantear las políticas públicas sobre salud sexual y reproductiva (SSyR) para frenar los indicadores negativos, señaló Leticia Briseño Mass, integrante de la Unidad de Equidad y Género de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO). La también catedrática de Ciencias de la Educación dijo que en el estado de Oaxaca las políticas de SSyR sólo consideran la parte estadística y se elaboran desde el escritorio pensando en poblaciones urbanas, dejando de lado los valores y cultura de las comunidades de origen de las personas. “Cuando hablamos de la decisión que tenemos sobre nuestro cuerpo, tenemos derecho a estar informados y la información abarca todos los aspectos, desde qué puedo hacer para prevenir una enfermedad, prevenir un abuso, un estado que atente contra mi cuerpo y en función de tener esta información objetiva, a la mano, en espacios pertinentes, poder tomar decisiones con la conciencia de que tengo la información”, abundó. Leticia Briseño explicó que cuando se analiza el tema de la muerte materna el gobierno del estado sólo observa la estadística de mujeres que mueren por la falta de hospitales, recursos y medicamentos, y no contempla la mortalidad por cuestiones culturales, como por ejemplo los casos en los que las oaxaqueñas no llegan a los nosocomios por la prohibición del esposo. “La mujer es impedida por una serie de creencias de que el cuerpo de una mujer no puede ser visto por otra persona. Estos elementos no se contemplan a la hora de lanzar políticas para atender a estas poblaciones”, manifestó. “No podemos negar que la nueva generación está teniendo relaciones sexuales más temprano, embarazos no deseados, está ejerciendo su sexualidad a pesar de preceptos (religiosos) de no al aborto, no a la píldora anticonceptiva”, destacó la académica. Briseño Mass indicó que hay estudios serios que señalan que cuando una persona accede a información adecuada en edad temprana tarda más en ejercer su sexualidad: “No es cierto que por tener información a la mano va a haber libertinaje”. Lo que se tiene que replantear, dijo, es la concepción de que el cuerpo es sucio y que tocarlo es pecado. Añadió que debe haber leyes que obliguen a las escuelas a dar información sobre sexualidad, y programas que contemplen el uso del cuerpo y la sexualidad no con fines reproductivos y biológicos, sino como un elemento que puede otorgar placer y transmitir deseo. “Los programas de estudio no contemplan el tema de la sexualidad como un todo, con enfoque de género y analizando la etnia y la cultura”, advirtió. Briseño urgió a cambiar las políticas públicas de SSyR para no criminalizar a las y los jóvenes cuando portan un condón, ni a las mujeres cuando deciden vivir su sexualidad libremente y sin fines exclusivamente reproductivos.