Niños y niñas migrantes, blanco del delito de tráfico de personas

Infancia Hoy Oaxaca, México.- En el marco del Foro Internacional sobre niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados o separados de sus familias, las instituciones urgieron en la necesidad de que las autoridades federales, estatales y organizaciones civiles implementen mecanismos que combatan este problema de la migración, del cual no se tienen cifras exactas sobre la magnitud. La Secretaría de Gobernación tiene registros de que en los últimos tres años ha retenido a 59,000 niños que viajan sin la compañía de algún tutor; de éstos 51,027 son mexicanos y el resto extranjeros. Desde el 2009, el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social exhibió estadísticas presentadas por la UNICEF, las cuales indicaron que en México 21 de las 32 entidades estaban involucradas en el turismo sexual. Incluso se identificó a Tijuana, Ciudad Juárez, Cancún y Acapulco como los cuatro focos rojos de la explotación sexual comercial infantil. La CNDH, en el estudio “Niñez Migrante, Trata y Explotación Infantil en México” exhibió que los más vulnerables son los niños que viajan sin la compañía de un tutor. Existen casos en los cuales los niños son raptados o vendidos y carecen de identidad. “Son niños que usan o rentan para mendigar, traficar drogas, para la explotación laboral, la pornografía o la explotación sexual”, alerta. Ayer, en el foro, el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia, reconoció que el desplazamiento de niños migrantes no acompañados aumenta notablemente. Y esto los coloca en una grave situación de vulnerabilidad ante delincuentes. Fernando Protti Alvarado, representante de ACNUR, mencionó que no sólo hay escasez de políticas públicas para este sector de la migración, también hay pocos albergues que los apoyen, en tanto cumplen la mayoría de edad “o se decide qué hacer de su futuro”. Para Felipe de Jesús Zamora, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, la migración de niños no acompañados es un porcentaje mínimo y sólo se debe reforzar la coordinación institucional para garantizar los derechos humanos.