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Con camiones y taxis atravesados en calles y avenidas, los transportistas además, exigen que el gobierno, pague 400 millones de pesos del erario público para que sustituyan su parque vehicular.
A pesar de las serias irregularidades en las que incurren los concesionarios, desde el otorgamiento de permisos hasta la pésimas condiciones mecánicas de los autobuses y de servicio a los usuarios ahora pretenden impedir que las autoridades municipales, apliquen el programa de reordenamiento del transporte público que incluye el funcionamiento de un metrobús.
Así también este programa incluye una normatividad para sancionar a los concesionarios que no cumplan con reglamentos de seguridad para usuarios y de protección al medio ambiente.
Cabe señalar que el transporte público, anualmente comete unos 25 homicidios en accidentes de tránsito como atropellamiento a peatones y choques con automovilistas.







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