32 funcionarios de Ruiz Ortiz involucrados en desfalco de 3 mil 787 mdp

  Oscar VALVIDIESO Oaxaca, México.-  Son al menos 32 ex funcionarios en la administración del Ulises Ruiz Ortiz, los involucrados en un desvió de recursos por 3 mil 787 millones de pesos, por lo que se interpondrán las querellas ante las autoridades judiciales,  dio a conocer hoy la Secretaria de la Contraloría Perla Woolrich Fernández. Indicó que de las  45 auditorías  que se aplican en dependencias y organismos descentralizados de la administración estatal, 16 quedaron totalmente terminadas en las que se detectaron serias irregularidades financieras en el manejo del erario público. De acuerdo al reporte dado a conocer por la funcionaria, se encontraron  irregularidades con sumas millonarias  en Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO ) por 736 millones el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), por 721 millones y la Coordinación de Comunicación Social con 492 millones de pesos. Otro de los sectores más afectados por el manejo discresional de recursos por parte  de la administración de Ruiz Ortiz, fue el educativo en donde se detectaron  en el CECYTEO por 173 millones; IEEPO por 721 millones; COBAO por  cuatro millones, el  IEEA 54 millones, el IEBO 15 millones y en el  Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca por 16 millones. En tanto que en IOCIFED fue por un monto de  46 millones  y en el programa federal Seguro Popular,  mil 297 millones Por otro lado,  se ubica la Secretaría de la Contraloría con desvío de16 millones; DIF Estatal con 53 millones; la Secretaria de Turismo  y Economía  con 63 millones y la Oficina de Pensiones 11 millones. Involucrados en corrupción podrán salir bajo fianza Woolrich Fernández señaló que la Dirección de Procedimientos Jurídicos notificará a la Subsecretaría de Auditoría Pública de esta dependencia para que inicie el procedimiento de responsabilidad en contra de los servidores públicos responsables. Detalló que luego de la notificación, los funcionarios deberán presentar ante la Contraloría las pruebas para solventar las irregularidades, de lo contrario se iniciará el procedimiento penal. Sin embargo,  reconoció que debido a las reformar hechas por  la mayoría del PRI en la pasada Legislatura local, al Código Penal y a la Ley Estatal de Servidores Públicos,  los delitos pueden ser no graves y con derechos a fianza. “Es podrían salir, en caso de ser encarcelados, aunque además  se les fincará responsabilidad por  daño patrimonial  al Estado”, señaló la funcionaria.