l desempeño cotidiano de quienes trabajan en las instancias gubernamentales.
A este respecto, la titular del Órgano Estatal de Control, Perla Woolrich Fernández, afirmó que la alianza y suma de esfuerzos entre gobierno y organizaciones de la sociedad civil, como es el caso de “México Unido Contra la Delincuencia”, permite enfrentar con efectividad y desde varios frentes, el problema de la corrupción, cuyo origen es multifactorial por lo que no sólo debe focalizarse al ámbito de lo gubernamental.
Woolrich Fernández precisó que para la preservación del Estado de Derecho y del buen orden, los servidores públicos deben someter plenamente sus conductas y actos a la Ley, ya que “quienes trabajamos en el gobierno debemos tener claro que somos ciudadanos al servicio de otros ciudadanos”, dijo la Contralora.
El taller para la Formación de Facilitadores- con valor curricular avalado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social- constó de cuatro módulos. El primero, versó sobre “La cultura de la Ilegalidad como estilo de vida”, cuyo objetivo consistió en dar a conocer las formas de ilegalidad con las cuales vivimos, así como el concepto de normas y los beneficios de su práctica para la sociedad.
En la segunda sesión se abordó lo referente a “La Ilegalidad en el Servicio Público”, en la cual se identificaron las situaciones de ilegalidad y consecuencias en el servicio público, además de propuestas a favor de la promoción de la Cultura de la Legalidad.
Los dos últimos módulos versaron sobre “Las personas y la Cultura de la Legalidad”, así como “Promoviendo una Cultura de la Legalidad”, durante los cuales se reflexionó sobre el propio comportamiento de los servidores públicos, además de los compromisos para cambiar la conducta a favor de la legalidad.
Una vez concluido el Taller, los participantes serán los responsables de replicar la información y la capacitación entre otros funcionarios de la administración estatal.
Por ello, se contó con la participación de los Delegados Contralores quienes aunado a su responsabilidad de fortalecer las acciones de vigilancia, evaluación de la gestión pública y control interno, deberán promover la cultura de la legalidad en el ejercicio de sus responsabilidades y atribuciones.
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