Van 267 mujeres asesinadas en el primer trienio de Gabino Cué

Oaxaca, México.- Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A.C. informó ante la relatora de la ONU acerca de la grave situación de violencia feminicida que se vive en Oaxaca, uno de los estados que se caracteriza por contar con los niveles más altos de pobreza, marginación y analfabetismo del país. Asimismo recordaron que Oaxaca cuenta con la mayor diversidad étnica y lingüística a nivel nacional, siendo las comunidades indígenas las que registran los niveles más altos de marginación y pobreza.     [caption id="attachment_197752" align="alignright" width="300"] Foto_ 50MM[/caption] En la reunión que Consorcio Oaxaca y diversas organizaciones mexicanas sostuvieron con la relatora especial, presentaron los datos sobre la situación de violencia feminicida publicados por parte de 28 organizaciones de la sociedad civil oaxaqueña en la entidad en el informe: “Realidad que indigna y duele. Violencia feminicida y feminicidio en Oaxaca. Tercer año de gobierno de Gabino Cué”.   Recordaron que desde la visita de la relatora, hace 8 años, se han dado importantes avances en materia legislativa para luchar contra la violencia feminicida; sin embargo, la permanencia de estructuras de poder patriarcales, la alta impunidad en los casos de violencia contra las mujeres, la falta de presupuesto y la corrupción, han impedido cambios sustantivos en la materia, lo que se ilustra en particular en el estado de Oaxaca.   En este sentido, informaron que Oaxaca vive una alternancia política; después de aproximadamente 80 años de gobiernos priistas en la entidad. Sin embargo, resaltaron que dicha alternancia no se ha traducido en una mejora para la situación de las mujeres. Asimismo, advirtieron que durante el primer trienio del gobernador actual, Gabino Cué Monteagudo: 267 mujeres fueron asesinadas, 653 mujeres sufrieron violencia intrafamiliar, 538 mujeres fueron víctimas de algún ataque de violencia sexual, 78 mujeres fueron reportadas como desaparecidas y 67 mujeres decidieron quitarse la vida.   Por otro lado, alertaron sobre el hecho que en el 2014, los asesinatos de mujeres siguen en constante aumento. Durante los primeros 5 meses del año, fueron documentados 41 feminicidios, dato que en proporción con el mismo periodo de tiempo del 2013, se ha elevado un 215%.   En consecuencia advirtieron que durante los 3 años y medio de la presente administración, el número de mujeres asesinadas asciende a 302, 19 más que los feminicidios ocurridos durante todo el sexenio del anterior gobernador priista, Ulises Ruiz.   Finalmente, integrantes de la organización feminista, informaron a la relatora especial que las recomendaciones que hizo su antecesora en su visita a México hace 8 años siguen siendo vigentes. Resaltaron asimismo, algunas prioridades imprescindibles para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres:  

• La capacitación y evaluación de las y los servidores públicos, para que brinden una atención de calidad, centrada en las necesidades de las mujeres, y desde la perspectiva de género, el respeto a los derechos humanos y la multiculturalidad.
• La urgencia de la instalación de comité interinstitucional de seguimiento, evaluación y aplicación del protocolo para la investigación del feminicidio.
• La urgencia de que se destinen recursos económicos para el Fondo de Procuración de Justicia y de Reparación a las Víctimas, en específico para todas las niñas, niños y familiares de víctimas del feminicidio, así como para las mujeres víctimas de violencia feminicida.
• La destitución de los funcionarios públicos que tienen antecedentes de violencia contra las niñas y mujeres, en las diversas modalidades y tipos de violencia, así como cuando por sus acciones u omisiones en cumplimiento de su cargo se vulneren o violenten los derechos de las niñas y mujeres.
• La implementación urgente de medidas para erradicar la impunidad, uno de los factores de perpetuación y aceptación social de la violencia feminicida.
• La destinación, desde la federación y todos los niveles de gobierno de un presupuesto suficiente para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.