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Compromisos a medias de PGR con madres de Ciudad Juárez

Miércoles 08 de octubre, 2014.
03:00 pm
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Oaxaca, México.-La Procuraduría General de la República (PGR) se comprometió con madres de mujeres asesinadas y desaparecidas en Ciudad Juárez, Chihuahua, a investigar los casos, contratar expertas forenses para identificar cuerpos de las víctimas, y beneficiar a siete familias con un programa de recompensas para quienes informen sobre los crímenes.

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Ayer, las madres que llevan 15 días en plantón y huelga de hambre en esta capital (desde el pasado 23 de septiembre, primero frente a la residencia oficial de Los Pinos y ahora en inmediaciones de la Secretaría de Gobernación) se reunieron con la fiscal especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, Nelly Montealegre Díaz, y el director general de Atención a Víctimas de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, Joaquín Torrez Osorno, ambos de la PGR.

Malú García Andrade, fundadora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, junto con Berta Alicia García y Silvia Banda Pedroza (cuyas hijas fueron desaparecidas y asesinadas en Juárez) lograron que los funcionarios de la PGR se comprometieran a cumplir cuatro de los 10 acuerdos que hace un año esta misma dependencia signó con las madres.

Se acordó que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) venga a México para la exhumación de un cadáver que aparentemente sería el de Fabiola Janette Valenzuela Banda, hija de Silvia Banda Pedraza –desaparecida en 2010–, a fin de confirmar su identidad.

A decir de las activistas, los funcionarios entablaron comunicación con el EAAF apenas el pasado 23 de septiembre (cuando las madres iniciaron su ayuno), y no desde 2013 cuando se firmaron por primera vez los acuerdos. Ahora las mujeres están a la espera de que se les informe la fecha de la visita a México de las antropólogas forenses.

Las madres también consiguieron que la PGR ofrezca recompensa de hasta un millón y medio de pesos para quien dé información que ayude a dar con el paradero de las víctimas de siete familias.

De acuerdo con García Andrade, el próximo 14 de octubre se informará el día en que se publicará el nombre de las familias beneficiadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Cabe señalar que el acuerdo firmado ayer con la PGR es por los casos de siete familias de mujeres desaparecidas, pero García Andrade aclaró que en el futuro podrán integrarse más familiares.

A la par de esos compromisos, las tres mujeres lograron que la PGR se comprometa a rendir un informe detallado de los avances del Estado mexicano en el cumplimiento de la sentencia que en 2009 emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por el asesinato de tres jóvenes encontradas en 2001 en el predio conocido como Campo Algodonero, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

De acuerdo con las madres, en una fecha próxima sin precisar la PGR informará a las familias sobre el procedimiento de las recompensas, y también les detallará sobre los avances en la creación de las bases de datos de personas desaparecidas y del banco de ADN.

Las activistas exigieron que el informe que se dé a las familias respecto al cumplimiento de la sentencia de la Corte sea el mismo que el Estado mexicano rinda a la CoIDH como garantía de veracidad.

Durante la reunión también se acordó que el fuero federal deberá atraer los casos de feminicidio en Juárez que son investigados por el fuero común, pero en los que hay indicios de trata de personas.

RESISTENCIA

A pesar de los avances, varios puntos quedaron fuera de los acuerdos, por lo que las madres dijeron que se mantendrán en plantón hasta que todo el pliego petitorio tenga solución.

Uno de los pendientes es que la Unidad de Derechos Humanos de la Segob restaure las medidas de seguridad que tenían hasta hace unos meses los hijos y sobrinos de Malú García Andrade, debido a que ella y su madre, Norma Andrade, han recibido amenazas y sufrido atentados.

A decir de la activista, la Dirección de Protección de Personas de la PGR argumentó que tiene la instrucción de garantizar seguridad a ella y a su mamá, Norma Andrade, pero no así al resto de su familia, como lo mandata la CoIDH.

García Andrade advirtió que aún falta que la Subprocuraduría Especializada en Investigación y Delincuencia Organizada (SEIDO) y la Unidad de Derechos Humanos de la Segob firmen de enterados de esos compromisos para que se lleven a cabo.

La activista recordó que la audiencia con Enrique Peña Nieto sigue pendiente, pues las afectadas no son sólo ellas tres (ni las siete familias beneficiadas), sino que hay al menos 100 familias más en Ciudad Juárez que están en espera de justicia por el asesinato de mujeres.

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