Un panel de tres jueces de esa corte debía considerar, a partir de una demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), la constitucionalidad del programa, basada en la llamada Sección 215 de la Ley Patriota, que caduca en
junio.
Pero los magistrados no entraron a valorar la constitucionalidad y en el fallo, escrito por el juez Gerard E. Lynch, dictaminaron simplemente que la recopilación de millones de datos telefónicos (hora y números, pero no el contenido de las llamadas) “excede el ámbito de lo que el Congreso autorizó” al aprobar la Ley Patriota.
Si el Congreso quiere “autorizar un programa de tan largo alcance y sin precedentes, tiene todas las oportunidades para hacerlo, y de forma inequívoca”, sostienen los jueces en el fallo.
La Sección 215 de la Ley Patriota expira a finales de junio próximo y los congresistas deben evaluar si la prolongan, amplían o suspenden.
Varios legisladores, entre ellos el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, se han mostrado partidarios a autorizar de nuevo esa Sección 215 sin cambios.
De hecho, en mayo pasado la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley para prohibir a la NSA la acumulación masiva de datos telefónicos, pero posteriormente el Senado bloqueó esa reforma.
Obama limitó
el espionaje
Las revelaciones de Snowden sacaron a la luz que Estados Unidos espió las comunicaciones personales de algunos líderes considerados “amigos” de Washington, entre ellos la canciller alemana, Angela Merkel.
En enero de 2014, el presidente Barack Obama ordenó poner fin al espionaje a mandatarios de países aliados, pero aclaró, no obstante, que los servicios de inteligencia seguirán recopilando información sobre los gobiernos extranjeros para conocer sus intenciones.
Poco después, Obama presentó formalmente un plan para que los datos telefónicos de millones de ciudadanos recopilados por la NSA dejen de estar en manos del gobierno y permanezcan bajo el control de las compañías telefónicas por un periodo máximo de 18 meses.
Bajo el plan del mandatario, la NSA únicamente podría acceder a esos datos en circunstancias específicas, siempre tras haber obtenido autorización del tribunal secreto creado por la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA, por sus siglas en inglés) y cuando haya una sospecha razonable de que el número telefónico está conectado a un
terrorista.
Ned Price, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, reiteró ayer que Obama cree que el programa de recopilación de datos de la NSA no puede seguir funcionando como lo hace en la actualidad.








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