Oaxaca/Llaman a denunciar a funcionarios que coaccionen voto para Consulta Ciudadana

Lilia TORRENTERA G. Oaxaca.- El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPCO) llamó ciudadanos y trabajadores al servicio del estado a denunciar a los funcionarios que coaccionen el voto a favor de la construcción del Centro Cultural y de Convecciones de Oaxaca (CCCO), “ya que este tipo de acciones son condenables para el ejercicio democrático”. . Así lo dio a conocer el presidente de la Comisión de Educación Cívica y Mecanismos de Participación Ciudadana, Uriel Pérez García, al ser cuestionado sobre las evidentes presiones gubernamentales en contra de trabajadores de confianza para recoger y copiar credenciales de elector e inducir la preferencia a favor del proyecto del gobernador Gabino Cué Monteagudo.   Dio a conocer que se ha dado vista a la Procuraduría General de la República (PGR) a través de su Fiscalía Especializada para Atención de Delitos Electorales, (FEPADE) a fin de que los y los ciudadanos puedan hacer la denuncia   “Además se ha solicitado la participación de esta instancia durante de la jornada de consulta con un operativo en el municipio de Oaxaca”.   Pérez García reconoció que existe una preocupante y creciente denuncia en medios de comunicación y redes sociales sobre las prácticas ilegales en dependencias del gobierno estatal por lo que en sesión del pasado 25 de septiembre de la comisión que preside, se emitieron diversos lineamientos para las partes participantes en la consulta entre ellos, se acordó enviar oficios al Ejecutivo “para detener estas anomalías”   “En las redes sociales del propio Instituto, se denuncia la entrega de copias de credecinales elector y obligando a los trabajadores para que puedan opinar a favor y eso una conducta condenable que atentan contra principio de todo ejercicio democráticos”,   Por ello reitero el llamado para que se denuncien este tipos de prácticas, ya que éstas configuran un delito federal tipificado en la Ley General de Delitos Electorales que incluye sanciones de los seis meses a tres años de prisión y que cualquier ministerio público federal, está obligado a documentar.