El pasado 23 de febrero, Espino de la Peña publicó en El Heraldo, uno de los diarios de mayor circulación de Chihuahua, un desplegado con información de los procesos judiciales, pero en el que también hace señalamientos “preocupantes” contra el Cedehm por acompañar a víctimas de violencia, feminicidio o desaparición.
Entre las calumnias publicadas se lee: “Es denigrante e inaceptable el trato que por mucho tiempo han recibido muchas mujeres en nuestro país, no es responsabilidad exclusiva de individuos del género (sic) masculino. En él, desgraciadamente, participan también mujeres como ustedes, que han encontrado en ello una forma de lucrar y de prolongar su modus vivendi”.
Según las afirmaciones del ex juez, el Cedehm se dedica a la “extorsión, violencia, explotación de personas incautas, populismo demagógico y oportunismo político”.
Asimismo, el responsable del desplegado señaló que las activistas manipulan instituciones de derechos civiles con fines políticos y bajo el lema: “Entre más grande la mentira, más probabilidades hay de que la gente la crea”.
Las activistas reprocharon la descalificación pública de Espino de la Peña, al señalar que si bien la libertad de expresión es un Derecho Humano, la limitación a esta garantía es la prohibición de “incitar al odio como lo provoca ese desplegado”.
Afirmaron que el ex juez hace uso del poder político y económico para desacreditar la invaluable labor del Cedehm, y criticaron que esto suceda en un estado “particularmente difícil” para defender los derechos de las víctimas.
“En un estado como el de Chihuahua, que saltó a la fama internacional por los feminicidios y desapariciones de mujeres, que ha acumulado una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y más de 400 recomendaciones de organismos nacionales e internacionales por las violaciones a los derechos de niñas y mujeres”, dijeron.
Aseguraron que las descalificaciones públicas colocan a las defensoras humanitarias en una situación de vulnerabilidad, e invita a que otras personas actúen en consecuencia, aunque cuenten con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde 2008.
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