La denuncia es contra el Estado mexicano por la violación de sus obligaciones internacionales bajo la Convención Americana y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Además piden la no repetición, la reparación integral del daño para los familiares y que los autores materiales e intelectuales sean castigados.
“Se violó el derecho a la vida, hubo uso excesivo de la fuerza, se torturó a estudiantes y el derecho a la integridad física fue totalmente vulnerado”, dijo Rosales y denunció que hasta la fecha el gobierno mexicano no ha hecho caso a las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Por otro lado, Jorge Herrera, padre de Jorge Alexis, argumentó que se alteró la escena del crimen y que los jóvenes sólo estaban pidiendo una audiencia con el gobernador y les “respondieron con balas”.
Los familiares expresaron que esta denuncia es parte de la crisis de violación de derechos humanos del país y particularmente del estado de Guerrero.
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