A fin de que las “despachadoras” aceptaran el despido, Espinosa Martínez les extendió un cheque con la cantidad que –a decir de él– corresponde a los 90 días de salario que las empleadas debían recibir como liquidación.
Además del cheque –que ninguna trabajadora dijo que aceptará porque el conflicto laboral está siendo revisado por varias instancias de gobierno–, el apoderado legal se presentó a la estación de servicio en compañía de Zeferino González Sánchez, del Sindicato Autónomo de Trabajadores y Empleados del Comercio en General, Industria Gastronómica, Cantinas, Bares, Restaurantes, Similares y Conexos del DF.
Este último personaje en su momento dijo a Cimacnoticias que como su representante sindical no iba a apoyar a las trabajadoras porque “no se trataba de agotar la fuente de empleo”.
El empresario también acudió acompañado de Esmeralda Vázquez, responsable de Recursos Humanos de la empresa, seis personas que se hicieron llamar representantes de “Súper Servicios Coapa”, y dos patrullas de la policía capitalina que –según han denunciado las trabajadoras– está coludida con el apoderado legal.
Espinosa Martínez llamó a las “despachadoras” de gasolina a desalojar su espacio de trabajo, de lo contrario amenazó con que “tomaría medidas” contra ellas, como en el pasado lo hizo contra dos trabajadores que fueron llevados ante el Ministerio Público (MP) acusados injustamente de “allanamiento de morada”.
Ante la arbitrariedad, las “despachadoras” dijeron que no aceptarán las condiciones de Espinosa Martínez y llamaron a la Comisión de Derechos Humanos del DF –donde ya hay un expediente con su caso– para que mande a observadores.
A la par, las trabajadoras adelantaron que interpondrán denuncias ante el MP por las amenazas y presiones de las que hoy fueron víctimas.
Cabe recordar que las “despachadoras” denunciaron desde noviembre de 2014 ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) del DF y la CDHDF las pésimas condiciones laborales bajo las que trabajaban a diario.
Y también denunciaron públicamente el conjunto de hostigamientos y represalias que estaban recibiendo por haber exigido sus derechos, lo que derivó en que en días pasados la STyFE multara al dueño de la empresa, Eduardo Cohen Carabier, con 90 mil pesos y lo obligara a inscribir a todo su personal al Seguro Social.
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