La instancia apunta que a partir de los pocos datos oficiales disponibles, se estima que la mitad de solicitudes de asilo correspondería a mujeres.
MÉXICO, COMO PAÍS EN GUERRA
ACNUR confirma que México forma parte de los 15 países cuya población ha presentado más solicitudes de asilo, tan sólo después de Ucrania. México integra esa lista desde 2010.
Si bien en 2014 nuestro país se posicionó en el lugar 15, en 2012 subió al lugar 11, muy cerca de naciones en guerra como Siria, Serbia, Irak y Afganistán.
Diferentes grupos civiles han documentado durante los recientes cinco años que la situación de violencia generalizada en México, las desapariciones forzadas, la represión a la libertad de expresión, y el crimen organizado, son algunas causas que obligan a las personas a buscar asilo en otros países.
Entre quienes solicitan asilo se encuentran defensoras de DH y periodistas. Como ejemplo, la organización internacional Artículo 19 ha reportado que durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) hubo mil 92 agresiones contra periodistas, cuya cifra aumentó 80 por ciento en los primeros dos años de gestión de Enrique Peña Nieto.
En ese periodo, Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC) documentó al menos dos testimonios de mujeres periodistas que fueron obligadas a huir del país, porque fueron amenazadas por grupos del crimen organizado y por funcionarios federales.
Asimismo, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos informó que tan sólo de enero a marzo de 2014 hubo 41 agresiones contra 25 defensoras de DH.
Al respecto, CIMAC tiene documentados al menos dos casos de defensoras de los derechos de las mujeres que requirieron la “solidaridad internacional”, ambas expulsadas de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde se registró la desaparición de más de 300 mujeres tan sólo en 2011.
IGNORAN RECOMENDACIÓN
Mariana Echandi, encargada de la Unidad de Información Pública de ACNUR en México, explica a Cimacnoticias que esta oficina no tiene registro del número de mujeres connacionales que están siendo desplazadas a otros países, ya que el gobierno no lo documenta.
Echandi aclara que cuando una persona adquiere la condición de refugiada en otro país puede o no informar al consulado respecto a su condición; no obstante, generalmente deciden no dar datos cuando el agresor está vinculado con el Estado.
Luego de una consulta que hizo Echandi a sus homólogos en la oficina de ACNUR en Washington, determinó que tampoco se tienen datos desagregados por sexo de todas las y los mexicanos que tienen la condición de personas refugiadas, solicitaron asilo o fueron desplazadas.
De acuerdo con el informe “Mundo en guerra. Tendencias globales. Desplazamiento forzado en 2014”, elaborado también por ACNUR, el número total de países que proporciona información desglosada “al menos por sexo” aumentó de 157 en 2013 a 164 en 2014, lo que equivale a 55 por ciento del total de personas registradas por el mecanismo de la ONU.
En el caso de México, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) –dependiente de la Secretaría de Gobernación– tampoco presentó información desagregada por sexo en su informe más reciente sobre solicitudes de asilo.
El organismo de Naciones Unidas indica que la disponibilidad de datos demográficos y de desplazamientos difiere de un país a otro, ya que sus registros y mecanismos de difusión son deficientes. Incluso –acota– hay naciones donde ACNUR y organizaciones civiles aliadas son los únicos responsables de recopilar estos datos.
Esa falta de datos desagregados prevalece a pesar de que diversos informes de ACNUR detallan que la discriminación y violencia de género pueden ser algunas de las principales causas de desplazamiento.
La instancia de la ONU ha reportado que las mujeres experimentan formas específicas de persecución, como la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado o precoz, amenazas de asesinato en nombre del honor, la trata de personas, la violación y otras formas de agresión sexual, así como la extrema violencia al interior de los hogares, o la imposición de la pena de muerte.
A tales causas se suman los castigos de sistemas de justicia discriminatorios, como las acusaciones de adulterio, la persecución política (incluso por sostener puntos de vista feministas) o religiosa, o por no ajustarse a otras normas.
Según ACNUR, los Estados siguen omitiendo estos registros a pesar de que desde octubre de 2010 la ONU publicó la “Recomendación General sobre la igualdad de género en el contexto de desplazamiento forzado y la apatridia (es decir, cuando ningún país reconoce a las personas como ciudadanas)”, como parte de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).
La recomendación establece que “debe integrarse un enfoque sensible al género en todas las etapas del proceso de asilo: durante el registro, recepción, entrevista y adjudicación de las solicitudes de asilo, incluyendo la apelación”.








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