En un comunicado, los artistas señalan que esta denuncia se debe a la serie de amenzas que han sido difundias a través de redes sociales a consecuencia "de su tenaz oposición al proyecto oficial para construir un Centro de Convenciones y un estacionamiento en una zona protegida de la capital del estado, el Cerro del Fortín".
Toledo y Hernández sevieron obligados a recurrir al oranismo nacional ya que a pesar de haber interpuesto una queja ante la Defensoria de Derechos Humanos y del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) no obtuvieron respuesta,
En el escrito de queja, dirigido al Secretario General de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, ambos ambosp pintores, dan a conocer los hechos que consideran, configuran suna violacipon a sus derechos a la libre manifestación de las ideas, amenazas contra la integridad física y psicológica.
Asi como la trasgresión a sus derechos de participación ciudadana en de manera general por vulnerarse los derechos culturales y ambientales de los oaxaqueños.
“A quienes se quejaron y pidieron información, les enviaron un grupo de pandilleros armados con palos para golpearlos. El hecho no sólo es abusivo, inmoral e ilegal, también es delictivo. Desobedecer además la orden dada por un juez para suspender la obra es un desacato y se supone una conducta sancionada por las leyes penales”.
Los quejosos piden a la CNDH la aplicación de medidas cautelares , “en virtud de ser un problema en donde se encuentran involucrados grupos poderosos de interés tanto gubernamentales como gremiales (CTM) y empresariales (Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles), además de darse los hechos, en un contexto de constante agresión física y verbal”.
Solicitaron además a la CNDH, intervenga en solicitud de la conciliación entre los quejosos y las autoridades, mediante un diálogo público que permita atender las raíces del conflicto en beneficio de la sociedad oaxaqueña.
Junto con muchos otros ciudadanos oaxaqueños, los pintores Toledo y Hernández han demostrado que construir una obra como el CCCO, en un área protegida, no sólo es ilegal, sino un acto de imposición en el que personalmente se empeña el gobernador y su Secretario de Turismo, beneficiario directo de la obra propuesta al ser propietario del hotel más cercano al Cerro de El Fortín.Te podría interesar...








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