Esto es un requisito indispensable para que las tres mujeres testigos de la matanza de 22 civiles en Tlatlaya puedan iniciar con su trámite de indemnización como lo solicitó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
El Fondo es un monto económico para reparación de daños a aquel que sufra de vejaciones de algún servidor público mexiquense, por lo que podrá reclamar ayuda, asistencia e indemnización.
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