Gabriel Xantomila Oaxaca, México.-.- Actualmente se encuentran presos por haber cometido delitos graves en el país 5 mil menores de edad de entre 14 y 18 años, quienes en su mayoría dejaron sus estudios de primaria y secundaria, provienen de familias desintegradas, huyeron de sus hogares y tienen problemas graves para vincularse con la sociedad. El estudio muestra que de este grupo de adolescentes, el 32 por ciento consumía droga diariamente, el 44 por ciento consumía alcohol y al ser entrevistados, el 28 por ciento de ellos admitía "no tener futuro". Por ello, la Secretaría de Gobernación (Segob), a través de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, que encabeza Roberto Campa Cifrían, replanteará los esquemas de reclusión de los adolescentes infractores de la ley, con el objeto de que no permanezcan presos de forma indefinida, porque tal situación en lugar de regenerarlos agrava su propensión al delito. La problemática que presentan los adolescentes requiere de medidas apropiadas y especializadas de atención que, desafortunadamente, la mayor parte de los centros de internamiento no están en condiciones de proporcionar debido a una serie de carencias y deficiencias que van desde el presupuesto, la infraestructura, el personal especializado, las actividades y programas que desarrollan, entre otros. La doctora Elena Azaola Garrido, investigadora del Centro de Estudios Superiores en Antropología Social, sostiene que los adolescentes infractores no han ocupado un lugar prioritario dentro de las políticas de seguridad y de prevención; las posibilidades de reincorporar con éxito a adolescentes infractores son mucho más elevadas que las que existen para adultos en prisión. Lo que pueda invertirse en dotar de herramientas que permitan el desarrollo de las capacidades de los adolescentes, propiciará que se reincorporen sanamente a la sociedad e impedirá que se arraiguen en una carrera delictiva. En su estudio "Adolescentes en Conflicto con la Ley', encargado por el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, a cargo del subsecretario de Gobernación Roberto Campa Cifrían, la investigadora Azaola Garrido, entre sus recomendaciones propone: En materia legislativa; generar consenso a nivel nacional acerca del límite conveniente a la medida de privación de la libertad para los adolescentes. Mientras haya estados que tienen previstas sanciones de privación de la libertad por 10, 15 y hasta por 20 años, cualquier esquema posible de rehabilitación fracasará, como lo demuestran numerosos estudios, y tendrá por resultado arraigarlos en una carrera delictiva. Como lo establece la ley, debe contarse con personal especializado a lo largo de las diferentes etapas que van desde la detención de los adolescentes hasta la ejecución de las medidas y su posterior evaluación. Respecto a recursos, efectuar una revisión a fondo de los recursos materiales, humanos y de la infraestructura que se requieren para poder estar en condiciones de cumplir con los propósitos del Sistema de Justicia para Adolescentes. La dotación de recursos debe ser sustantiva y sostenida para poder llevar a cabo una revisión a fondo de los programas de trabajo y para poder emprender los nuevos programas que se requieren. Además, las instalaciones deben contar con los espacios necesarios y en buenas condiciones para hacer posible el desarrollo de los programas educativos, deportivos, de capacitación para el trabajo, de salud, de visitas familiares, etc. Vivir en condiciones en que su dignidad es respetada y tomada en cuenta de manera cotidiana, es la mejor manera de asegurar la sana reinserción de los adolescentes a la sociedad. Llevar a cabo una revisión a fondo de los programas que actualmente imparten los centros de internamiento ya que, en la mayor parte de los casos, son inadecuados e insuficientes para cumplir con el objetivo de propiciar el desarrollo pleno del adolescente, de sus capacidades y habilidades. Los programas deberían orientarse de manera integral y consistente hacia la formación de sujetos autónomos, responsables y respetuosos de las leyes. Programas de apoyo previos a la libertad. Se debería contar con programas que auxiliaran a los adolescentes que están por obtener su libertad para tratar de garantizar su mejor reinserción a la sociedad. Los programas que deberán desarrollarse o, en su caso, fortalecerse y reorientarse, son los programas educativos que deben contemplar los diferentes niveles de escolaridad de todos los adolescentes internos, pero deben también adecuarse a las circunstancias y los intereses de la población a la que van dirigidos para que la experiencia educativa sea realmente formativa y les permita desarrollar plenamente sus capacidades y habilidades. Asimismo deberá impulsarse la formación técnica e incluso profesional de los adolescentes y la capacitación a través de talleres como herrería, carpintería, plomería, electricidad, mecánica, gastronomía, panadería, entre otros. Respecto a la salud, se debe proveer a los adolescentes de todos los artículos necesarios para su higiene personal, o bien permitir que realicen trabajos que les permitan tener un ingreso para adquirirlos. De igual modo, debe dotárseles de la atención médica y odontológica que requieran así como de los medicamentos necesarios. Las mujeres deben disponer además de la atención ginecológica que requieran. Elena Azaola señala que a pesar de que existen prohibiciones expresas acerca de los malos tratos, éstos continúan ocurriendo al igual que los castigos que, en ocasiones, son desproporcionados y pueden constituir castigos crueles, inhumanos o degradantes como son el aislamiento durante periodos prolongados, la sustracción de alimentos, la prohibición de recibir visitas o el encierro sin condiciones adecuadas de higiene. En materia de evaluación, los centros de internamiento deben sujetarse a programas, metas y objetivos que deben contar con indicadores de evaluación claros y consistentes. La evaluación debería ser hecha por instancias externas y en ellas deberían poder participar las organizaciones civiles, de derechos humanos, académicos y personas de la comunidad interesadas en la rehabilitación de los adolescentes. Las instituciones deben hacer todo lo que esté a su alcance para facilitar y promover la vista de los y las adolescentes por parte de sus familias, incluyendo la visita de sus parejas e hijos e hijas. La mejor manera de lograr la reinserción es asegurando que los vínculos familiares se preserven durante el periodo de internamiento. Es importante que las instituciones que forman parte del Sistema de Justicia para Adolescentes, lleven un adecuado registro de los casos e impidan que los datos, la identidad y la imagen de los adolescentes sean hechos públicos y sean estigmatizados a través de los medios. Uno de los factores que sería esencial para poder recuperar el carácter predominantemente educativo con el que fue creado el nuevo Sistema de Justicia para Adolescentes, sería el que la sociedad civil se involucrara y participara en programas educativos, de capacitación, deportivos y artísticos, tanto para los adolescentes que cumplen medidas en internamiento, como para aquellos que lo hacen sin estar privados de su libertad. - See more at: http://www.oem.com.mx/elmexicano/notas/n3761489.htm#sthash.sSJQy4IA.dpuf