Jorge A. Peréz Alfonso Oaxaca,México.-Los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) han utilizado armas eléctricas contra los indocumentados, para inmovilizarlos y después detenerlos, denunció el fundador del albergue Hermanos en el Camino, de Ciudad Ixtepec, y defensor de los derechos de los migrantes, Alejandro Solalinde Guerra, quien reiteró sus acusaciones contra esa institución por violar los derechos de los centroamericanos que cruzan el territorio nacional. El presbítero señaló que desafortunadamente han detectado estas prácticas en el istmo de Tehuantepec, donde los integrantes de Migración están siendo respaldados por policías federales, armados con pistolas eléctricas (también conocidas como tasers), con las cuales les dan descargas a los migrantes, quienes ya no pueden hacer nada pues caen y son detenidos. Solalinde Guerra explicó que esta es una muestra más de la brutalidad con la que las autoridades mexicanas agreden a los centroamericanos, quienes –afirmó– sólo son irregulares administrativos, y agregó que no se tiene autorizada la utilización de este artefacto en México, sin embargo se está usando ya, como la Patrulla Fronteriza lo hace en Estados Unidos.

Informó que los tasers son armas que fueron entregadas al gobierno mexicano por el del vecino país de acuerdo con la Iniciativa Mérida, mediante la cual se han destinado recursos a México. Sin embargo, parte del apoyo brindado al gobierno de Enrique Peña Nieto por Estados Unidos es entregado en especie, y a ello corresponden las pistolas eléctricas provistas a los agentes de Migración con la intención de disminuir el flujo de migrantes. “En Estado Unidos pueden usar esa basura tasers, pero en México no está regulado su uso, su utilización es una grave violación a los derechos humanos”, por lo que demandó al gobierno federal que deje de emplear este armamento en contra de los migrantes, y lamentó que los indocumentados se encuentren huyendo de la violencia que existe en sus países y que ahora también vienen a encontrarla en México. Algún día los políticos tendrán que responder por las violaciones a los derechos humanos que ellos mismos han autorizado y que tratan de encubrir. Algún día habrán de pagar por estas atrocidades, afirmó Solalinde Guerra.