Sin Embargo Oaxaca, México.-Muy pronto, Juan Miguel Villar Mir, presidente de la empresa española Obrascón Huarte Lain (OHL), tuvo que tragarse sus palabras. Apenas el 21 de mayo pasado, en Madrid, acusó que su empresa estaba siendo blanco de “una campaña de difamación en México”, luego de que desde los inicios de esta mayo se han revelado audios de sus ejecutivos donde negocian con funcionarios del Estado de México, a cargo del priista Eruviel Ávila Villegas, y entre ellos mismos acuerdos irregulares e incluso sobornos para beneficiarse aún más del contrato de construcción y operación de la autopista Viaducto del Bicentenario, situada en la entidad mexiquense. Las acusaciones, dijo Villar Mir hace siete días, son “falsas”, y en un encuentro con la prensa española añadió: “Es una manipulación y un fraude, algo mediático que no ha existido, hemos actuado con absoluta legalidad”. Sin embargo ayer, previo a una junta de accionistas de OHL, Juan Miguel Villar Mir se refirió al más reciente audio, difundido el martes pasado, en los que dos de sus ejecutivos más importantes en México –Pablo Wallentin Crawford, ahora ex director de Relaciones Públicas OHL México, y Gerardo Fernández Reyes, director Jurídico– acuerdan un supuesto pago a magistrados mexicanos. Villar Mir, quien además de empresario ha sido funcionario público en el Gobierno español, reiteró que los diálogos están siendo manipulados; sin embargo, afirmó estar  “avergonzado por el comportamiento” de Pablo Wallentin, consejero de José Andrés de Oteyza y Fernández-Valdemoro, presidente de la filial en México, y quien fue destituido hace dos semanas por otros audios en los que negocia con Apolinar Mena Vargas, entonces Secretario de Comunicaciones del Edomex y quien renunció a su cargo el pasado 17 de mayo, el pago de vacaciones para el funcionario y su familia en un hotel de gran turismo en Cancún, Quintana Roo, además de presuntos sobre cobros en las cuotas del segundo piso mexiquense, y encima por una obra inconclusa. Para el Presidente de OHL, Wallentin es el culpable de las acusaciones y señalamientos contra la empresa en México, y que ya tienen repercusión a nivel internacional y, además, en la cotización de sus acciones en los mercados de capitales. “Lamento que formara parte de la empresa”, dijo ayer. Además, anunció, la compañía prevé tomar “acciones legales por lo civil y lo penal”, aunque expuso falta aún saber a quién denunciar pues no se sabe nada del autor de las filtraciones. “En México no existe delito de difamación y calumnia, pero intervenir las llamadas es un delito y atentar contra el honor también”, insistió Juan Manuel Villar. El “honor” al que se refiere Villar no es precisamente el fuerte de ese consorcio.  La empresa española ha sido acusada de incurrir en prácticas ilegales para ganar licitaciones de obra pública no sólo en México y en otras partes del mundo. Pero es en el país donde su operación ha sido más criticada. Desde el año pasado fue señalada como una de las favoritas del Gobierno federal, que preside el priista Enrique Peña Nieto, que en 29 meses le ha otorgado contratos que suman más de 41 mil 594 millones de pesos. Además es en el Edomex donde, desde 2003, ha fincado sus más grandes y redituables contratos, primero bajo la administración del priista Arturo Montiel Rojas, cuando obtuvo, entre otras, la primera parte de la construcción del Circuito Exterior Mexiquense (que hoy sigue en construcción y donde cobra incluso el peaje), y luego en el sexenio del Gobernador Peña Nieto, donde además del Viaducto del Bicentenario también obtuvo la concesión para ampliar y operar el Aeropuerto Internacional de Toluca. Las concesiones y contratos, además, se han ampliado en el actual Gobierno mexiquense, a cargo del también priista Ávila Villegas. Sin embargo, pese a todas las acusaciones y señalamientos contra el consorcio español, que relacionan presuntos actos de corrupción en los que han intervenido funcionarios público e incluso hasta jueces, el Gobierno federal ha guardado un silencio sepulcral. Ayer, mientras los inversionistas castigaron a OHL en los mercados bursátiles por sus presuntos actos de corrupción en México: en la Bolsa Mexicana de Valores sus acciones cayeron 6.39 por ciento, mientras que la Bolsa de Madrid retrocedieron 3.01 por ciento, el Presidente Enrique Peña Nieto promulgó en el Palacio Nacional promulgó la reforma constitucional para crear el Sistema Nacional Anticorrupción, lo que calificó de “un cambio histórico”. “La corrupción es un mal que afecta la vida económica, política y social de cualquier Nación; es un flagelo que limita el crecimiento a las empresas, socaba la confianza en el servicio público y, sobretodo, que impide al ciudadano ejercer plenamente sus derechos”, dijo el Jefe del Ejecutivo federal frente a representantes de los Poderes de la Unión. “Por eso”, dijo en otro momento de su discurso, “la lucha contra la corrupción debe ser un desafío que nos convoque y nos comprometa a todos los mexicanos. Para superar un problema estructural requerimos igualmente una solución estructural, necesitamos una respuesta institucional, amplia y sistémica, permanente y decisiva”. Y con esa decisión, esa firmeza y valentía es con la que todo mundo espera se trate el caso OHL y se investigue a todos los involucrados, sean ejecutivos o funcionarios públicos de éste y de otros sexenios. Si no, las buenas intenciones, la promesa de “combatir con mayor para eficacia el cohecho, la extorsión o el tráfico de influencias”, caerá una vez más en manos de la demagogia.