Carmen Aristegui F./REFORMA

 Oaxaca, México.-El próximo domingo 14 de junio se realizará, en Oaxaca de Juárez, una sesión pública convocada por una Comisión de la Verdad creada hace menos de dos años y cuyo trabajo se ha desarrollado con bajo perfil y discreción.

 La Comisión se instauró en octubre de 2013 a partir del decreto 2056 de la LXI Legislatura para investigar "...los hechos que motivaron las violaciones a los derechos humanos del pueblo de Oaxaca en los años 2006 y 2007".

 El ejercicio, además de importante, será inédito porque las víctimas de aquel conflicto tomarán la palabra en público para narrar lo vivido en aquellos sucesos que generaron uno de los conflictos políticos y sociales más importantes de los últimos años.

 Se verá el desarrollo de una audiencia poco común, conducida por esta comisión creada ex profeso para conocer qué fue lo que pasó, cómo fue que pasó, quién es responsable de qué y en dónde están los procesos de justicia que sobre aquellos hechos deberían existir. Se trata también de crear condiciones para restablecer el tejido social, los puentes de entendimiento y ensayar los caminos que permitan la no repetición de episodios como éste que trajo muerte, cárcel y represión.

 Será una experiencia sui géneris. La recuperación de testimonios que habrá este domingo ha sido antecedida por talleres y reuniones con las víctimas, de las que se ha obtenido información para seguir investigando cuáles fueron los hechos que motivaron las violaciones a los derechos humanos del pueblo de Oaxaca en aquellos años. La movilización magisterial, iniciada en mayo de 2006, pretendía la rezonificación económica de Zona II a Zona III de los ingresos de los maestros oaxaqueños, mayor número de plazas, diversas mejoras financieras para el sector y la basificación de quienes laboraban bajo el régimen de honorarios. Estos eran parte de los 17 puntos que lograron aglutinar, en un primer momento, a gran parte del magisterio oaxaqueño frente a autoridades que, lejos de conducir el conflicto hacia zonas de conciliación, optaron por una respuesta autoritaria y tomaron el camino de la represión. El asesinato del profesor Serafín García Contreras y otros que vinieron después, junto a la persecución y encarcelamiento de maestros y activistas por motivos políticos, desplegaron con mayor fuerza las marchas multitudinarias y los actos de protesta que se extendieron hasta la capital del país. En meses se aceleró el conflicto y escaló de movimiento de maestros hasta convertirse en una revuelta social. El histórico desalojo del centro de la ciudad el 14 de junio de 2006 generó el punto de no retorno. A los maestros se les unieron todo tipo de organizaciones sociales, gremiales y estudiantiles. De las reivindicaciones magisteriales se pasó a las proclamas libertarias. Se cumplen, este junio, 9 años de que representantes de más de 70 organizaciones sociales, sindicales y populares emitieron una convocatoria para constituir formalmente la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. La primera reunión constitutiva de esa organización se realizó en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez. Oaxaca se convirtió en foco de atención nacional e internacional. Gente instalada en barricadas, incendios, toma de medios de comunicación, desalojos y enfrentamientos pusieron en el límite al gobierno estatal de Ulises Ruiz y al gobierno federal de Vicente Fox. El gobernador Ruiz no cayó de milagro. México es un país que ha acumulado a lo largo de su historia conflictos que derivan en hechos violentos, irrupciones sociales que desembocan en violaciones masivas a derechos humanos y toda clase de situaciones que resultan en abusos y atropellos que, en la mayoría de los casos, se mantienen cubiertos por la impunidad, el disimulo y el silenciamiento.

 El descontento acumulado, la frustración y el desencanto de una sociedad provienen, en buena medida, de todos esos hechos que se acumulan, que no son procesados, a los que no se les da seguimiento y de los cuales la autoridad no quiere hacerse cargo. Que pase el tiempo, que se deje de hablar de lo que en su momento fue escándalo, que la gente olvide y que nadie pida que se den explicaciones.

 Eso es lo que conviene a los gobiernos autoritarios y sin vena democrática: el silencio y el olvido. Por eso será importante ver en acción a esa Comisión de la Verdad compuesta por un puñado de gente comprometida que apuesta exactamente a lo contrario: a la palabra, a la memoria y a la rendición de cuentas.

 La sesión pública se llevará a cabo este domingo a las 11 am en el Teatro Macedonio Alcalá y será encabezada por la secretaria ejecutiva, María Eugenia Mata; la comisionada Marina Patricia Jiménez; el comisionado Diego Enrique Osorno y el presidente de la Comisión de la Verdad, Alejandro Solalinde.