Oaxaca, México.- La Secretaría de la Contraloría reservó la información sobre las auditorías practicadas a la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV), durante los últimos 3 años.

El Subsecretario de Transparencia del Gobierno deOaxaca, Francisco Javier Álvarez Figueroa, se negó a entregar un documento con las observaciones hechas a la televisora oficial, cuáles de éstas ya fueron solventadas, explicar cuáles fueron los argumentos, exponer cuántos procedimientos penales y/o administrativos fueron iniciados contra los funcionarios responsables.

A una solicitud de información, este colaborador del Gobernador Gabino Cué presentó un oficio que, a su vez, le dirigió el Subsecretario de Auditoria, Francisco Javier Franco Ziga, en el cual se le informó que las auditorías a CORTV están catalogadas de reservadas.”De proporcionarla podría causar un serio perjuicio a las actividades de verificación de las disposiciones legales y administrativas aplicables a cargo de esta dependencia, y en su caso, respecto a los posibles procedimientos de responsabilidad que podrían llegar a instaurarse en contra de los servidores públicos involucrados”, expuso, a través del memorándum número SCTG/SAPS/112/2015.Un ciudadano solicitó a la Contraloría estatal copia del expediente de las auditorías practicadas durante los últimos 3 años a la Corporación, en el cual se detallaran las observaciones hechas y cuáles ya habían sido solventadas.

Además, requirió información sobre las observaciones que derivaron en un proceso administrativo y/o penal contra los funcionarios responsables. El diario REFORMA reveló en 2014, que el Gobierno de Oaxaca triangula, en promedio cada año, 25 millones de pesos en la televisora oficial, a través de dos asociaciones civiles. De acuerdo con reportes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), anualmente CORTV da un porcentaje similar al 50 por ciento de su presupuesto a dos asociaciones civiles que preside el director en turno de la televisora oficial. El Congreso de Oaxaca y la Auditoría Superior del Estado reportaron que la Asociación Radiofónica Oaxaqueña y la Asociación Oaxaqueña de Televisión no comprobaron el uso que dieron a esos recursos públicos porque no están obligados por ley. Durante 2013, el Gobernador Gabino Cué pagó a estas asociaciones civiles para que le permitieran difundir publicidad en la programación de la televisora oficial. Con información de www.reforma.com