El informe señala también que de 2010 a 2015 se han registrado 652 Averiguaciones Previas iniciadas por delitos cometidos en agravio de periodistas y medios de comunicación.
Este martes, senadores de la Comisión de Justicia y una delegación de PEN International intercambiaron puntos de vista sobre el estado que guarda la libertad de expresión en México, así como los obstáculos que enfrentan periodistas y profesionales de la comunicación.
Al inicio del encuentro, integrantes de la delegación, que encabezó John Ralston Saul, hicieron un llamado para garantizar la libertad de expresión y el ejercicio periodístico, así como para que “la violencia no se trague a la democracia” mexicana.
En el encuentro, Aline Davidoff, presidenta de PEN México, destacó que una nación sin libertad de expresión, “es un país donde la democracia es dudosa y donde el sufrimiento de la gente, que es lo que nos preocupa también, no hará más que crecer”.
Hizo un llamado para aplicar el marco legal y garantizar la libertad de expresión y el ejercicio periodístico en México.
“Las leyes ya existen, pero hay un problema en la implementación, hay un problema en regresar a este país a su camino legal”, para que ciudadanos, escritores, periodistas, blogueros, niños y estudiantes puedan vivir en paz, añadió.
En tanto, el senador Roberto Gil reconoció que México padece “una situación de violencia criminal en un contexto de debilidad institucional”, que se explica –entre otros factores– por la diversificación en las actividades de la delincuencia organizada, que ha mutado del trasiego de drogas a los homicidios, el robo y la extorsión.
El presidente de la Comisión de Justicia dijo que en este escenario los periodistas se enfrentan a las acciones de grupos criminales que buscan hacer propagada de sus actividades y a las agresiones de autoridades, específicamente locales, “ya sea por una débil evolución democrática en esas entidades o por la debilidad crónica en la rendición de cuentas en esos enclaves”.
En este sentido, propuso realizar una reunión con el representante de dicha la Fiscalía, a fin de analizar las problemática que enfrenta esta dependencia.
Dina Meza, presidenta de PEN Honduras, expresó: “No permitan que la violencia se trague a la democracia. No permitan que la situación de la libertad de expresión termine con una democracia que ha sido fantástica en América Latina”.
Señaló que criminalizar el derecho a la libertad de expresión trae como consecuencia el silencio, la censura y la autocensura.







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