| | Oaxaca de Juárez |
Jueves 06 de agosto, 2026.
| | Oaxaca de Juárez |
De acuerdo con múltiples respuestas dadas a Contralínea tanto por la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) como por el Instituto del Deporte del Distrito Federal (Indeporte) y de la propia delegación Iztacalco, el jefe de gobierno aprobó, presentó, impulsa y protege –con granaderos por delante– un proyecto que implicará privatizar miles de metros cuadrados y la destrucción de la flora y fauna que ahí sobreviven.
El permiso está dado y los planes de construcción en curso. Pero tampoco existe un contrato firmado, admite en entrevista el director del Indeporte, Horacio de la Vega. No hay nada por escrito, sólo una presentación con imágenes hecha por la fundación del magnate, asegura por su parte la oficina del jefe de gobierno.
A los usuarios recurrentes del deportivo no se les preguntó; a quienes reclamaron contra la privatización y la tala nocturna el gobierno les respondió con la salida de decenas de policías y la aclaración de boca propia de Mancera de que el estadio era lo primero, y la advertencia de que nada, ningún grito ni manifestación, lo perturbará.
Según Horacio de la Vega, la construcción puede iniciar y avanzar a la par de los estudios que indicarían el daño que está provocando esa construcción que ya inició y está avanzando.
—¿Entonces los estudios de impacto ambiental no se han hecho, están en proceso? –se le inquiere al funcionario.
—Es correcto. Estos dos procesos [el ambiental y el urbano] están corriendo y no se van a tener hasta un tiempo en sí que yo no te puedo decir cuándo, porque yo no soy la autoridad ni de medio ambiente ni de desarrollo urbano. Cualquier proyecto que exista en la ciudad necesitas tener tanto las mitigaciones ambientales como urbanas.
—¿Entonces por qué se presentó el proyecto antes de que estuvieran listos y aprobados los estudios de impacto ambiental y urbano?
—No, porque… aquí… repito: el Instituto del Deporte tiene la facultad de uso, aprovechamiento y explotación [de la Ciudad Deportiva]. Nosotros tenemos la facultad de realizar este tipo de proyectos ahí. Pero tenemos que cumplir con todos los requisitos para llevar a cabo esto. Y la forma de cumplir, digamos, son estas mitigaciones… pero eso no pone en entredicho si puede o no hacerse el proyecto. Eso no depende de ellos [las autoridades correspondientes]. Eso depende de un servidor.
—Usted dice que el proyecto se hace haya o no estudios…
—El proyecto se puede aprobar en cualquier espacio de la Ciudad, el que me digas, si tienes la facultad que se tiene como la del Instituto [del Deporte] de uso, aprovechamiento y explotación.
“Es muy grave. El pensar que uno tiene todo el derecho de disponer de un terreno y de las partes naturales que [por su desaparición] va a afectar a terceros, porque es un bien común. [Esto] habla de la impunidad, de la falta de conocimiento de la ley y de la calidad de los gobernantes que tenemos”, analiza en entrevista el doctor Luis Zambrano, secretario ejecutivo de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
La ley ambiental de protección a la tierra en el Distrito Federal deja claro cuál debió ser el proceso que Harp, su equipo y sus aliadas autoridades estaban obligados a cumplir:
Quien desee realizar una obra “de más de 10 mil metros cuadrados de construcción u obras nuevas en predios de más de 5 mil metros cuadrados para uso distinto al habitacional” está obligado a presentar una evaluación de impacto ambiental ante la Secretaría del Medio Ambiente para que ésta la evalúe y en su caso apruebe el proyecto (artículo 46, fracción XVI).
“Para obtener autorización en materia de impacto ambiental, los interesados, previamente al inicio de cualquier obra o actividad, deberán presentar ante la Secretaría el estudio de impacto ambiental”, y “la autoridad competente (la Sedema), deberá llevar a cabo una consulta pública” (artículos 47 y 50).
No será sino hasta después de la consulta y de los “reconocimientos técnicos” por parte del personal de la Secretaría del Medio Ambiente, que la propia Sedema podrá emitir una resolución en la que autoriza o no la obra (artículo 53).
Nada de lo estipulado ocurrió. Al contrario: “Derivado de una búsqueda exhaustiva de los documentos que obran en los archivos de la Secretaría del Medio Ambiente, me permito informar a usted que no se localizó antecedente alguno en materia de impacto ambiental”, respondió la Sedema a la solicitud 112000017415 presentada por Contralínea.
Tampoco tienen documento alguno ni la delegación Iztacalco ni la Oficialía Mayor ni, por supuesto, el Instituto del Deporte, encabezado por De la Vega (folios 0408000011815, 0114000016315, 0315000003515). Pero cuando defensores del deportivo y ecologistas se manifestaron en contra del estadio ante el edificio de Gobierno del Distrito Federal, decenas de granaderos salieron a recibirlos.
“Es una atrocidad. Eso revela hasta qué punto desprecian en el Gobierno del Distrito Federal los estudios de impacto ambiental”, reclama en entrevista con Contralínea Miguel Valencia, miembro de Ecomunidades, Red Ecologista Autónoma de la Cuenca de México. “Construir sin haber realizado estudios de impacto ambiental es contra la ley. Eso es ilegal”, agrega el doctor Luis Zambrano.
“En términos legales no lo podrían hacer. Si se derriban árboles sin un estudio de impacto ambiental están violando la ley. Todos tenemos que presentar un estudio de impacto ambiental cuando vamos a derribar un árbol por pequeño que sea.”
Y el nuevo estadio de los Diablos significará una hoguera para 5 mil árboles –estima la organización civil Ecoactivistas– que aún están en los 75 mil metros cuadrados de la Magdalena Mixhuca que se convertirán en el nuevo infierno solar.
La citada ley establece que la máxima autoridad en materia ambiental en la Ciudad es el propio Miguel Ángel Mancera, seguido por Tanya Müller, secretaria del Medio Ambiente capitalina. El político debió ser el primero en obligar al banquero a cumplir con la ley; en lugar de ello, es el principal promotor de la próxima casa de los Diablos.
“Es un pésimo ejemplo el que da la Secretaría del Medio Ambiente y el gobierno de la Ciudad de una doble moral: haz lo que yo te digo que hagas pero no hagas lo que yo hago”, estima la diputada local Miriam Saldaña. “Si la Sedema debe ser una guardiana de cómo se están realizando los proyectos en protección al medio ambiente, entonces no puede ser la primera en violar estas actividades”, enfatiza.
“La explicación es la impunidad que hay. No se puede hacer un proyecto si no existe un estudio de impacto ambiental que tenga que ser avalado por la Secretaría del Medio Ambiente”, añade el doctor Zambrano, también investigador del Instituto de Biología de la UNAM.
“Es como el aeropuerto: es una mala idea; pero el presidente lo quiere. Lo mismo: si Mancera quiere el estadio porque hay mucho dinero pues habla de en qué país vivimos; en el que si hay mucho dinero puedes destruir algo preciado… Y evidentemente una zona natural lo es.”
Una vez pasados los festejos, flashazos y abrazos por los anuncios de la venida de la Fórmula Uno y el fin de la peregrinación de los Diablos en busca de morada, la tala inició… durante las madrugadas capitalinas.
“¡El fin de año fue una barbaridad! Aprovecharon la madrugada para hacer esa tala mayor. ¡Justamente el fin-principio de año!, cuando está todo mundo dormido”, rememora Valencia. Aún cientos de árboles entre el final de la recta principal del circuito, la antigua curva Moisés Solana y la segunda recta, esperan su turno.
“La Secretaría del Medio Ambiente sí podría echar para atrás [el proyecto] alegando que se haga la formalidad del estudio de impacto ambiental. Pero los permisos para tala de árboles van con la firma de la secretaria. Ella misma autoriza la tala.
“Es famosa la señora Müller porque le llamamos desde hace 8 años la Sierra Más Rápida del Oeste. Esta señora, a la menor provocación, manda tirar árboles. Nunca ha sabido plantar árboles, eso sí. Talan todo pero el gobierno es incapaz de hacer reforestación. Toda la que se ha hecho es porque los vecinos van poniendo poco a poco cosas.”
Por su parte, la diputada Miriam Saldaña señala la gravedad del caso:
“Es un proyecto que me preocupa. Porque estamos disminuyendo los espacios verdes dentro del suelo urbano que para la delegación Iztacalco es un área de valor ambiental. El problema es que el crecimiento demográfico de esa zona ha sido muy desordenado; tanto, que ahora tiene en la colonia Agrícola Oriental la más poblada de todo el Continente Americano.”
Entre los argumentos esgrimidos por Mancera y subordinados para beneficiar a Harp Helú y a CIE está el que las canchas de futbol provocaron la fragmentación de las áreas verdes.
“Evidentemente todas las zonas verdes tienen un valor ecológico. Todas lo tienen. El argumento sobre que está muy perturbado y por eso no pasa nada… No. Sí pasa. Si ya está perturbada pero no está urbanizada también sirve. Y mucho”, considera el doctor en ecología básica Luis Zambrano.
“Esas zonas con poco supuesto arbolado pero con pasto siguen captando agua. El árbol, aunque esté aislado, capta agua. Conservar esos pedacitos no sólo es fundamental para conservar especies, sino que sigue siendo un lugar importante para nuestra calidad de vida.”
El secretario ejecutivo de la reserva de la UNAM pone como ejemplo los casos de “Nueva York, donde en lotes baldíos se han encontrado especies que ya se consideraban extintas”, y el del trébol entre Insurgentes y Periférico, en la misma Ciudad de México, “donde también se encontraron especies de orquídeas que ya se consideraba que no estaban en el Pedregal.
“Lo mejor es que no estuvieran perturbados los espacios, pero aun estando perturbados dan mucho más de lo que la gente cree.”
Sobre la construcción del estadio, “únicamente se tienen propuestas gráficas”, contestó el encargado de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, el profesor Pedro Martínez Balderas, a la solicitud 01315 00002815 presentada por Contralínea. Así, sin más, la administración local aprobó la iniciativa del multimillonario empresario.
Miguel Ángel Mancera indicó que la fecha marcada para el inicio de la construcción era marzo de 2015, pero ni su propia administración sabe bajo qué términos se dispondrá el terreno a favor de Harp y sus socios.
—¿Qué documentos se han firmado con los Diablos para permitirles construir su estadio en espacios públicos? –se le pregunta a Horacio de la Vega, director del Instituto del Deporte del Distrito Federal, organismo encargado de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca.
—Pues básicamente… Digamos… Hay muchas cuestiones que están corriendo ahora en estos procesos, en otras dependencias de gobierno.
—¿Pero qué documentos ha firmado el Indeporte con los Diablos?
—Pts… Hay básicamente documentos de… de… pues de la propiedad del inmueble… Nosotros somos, como Instituto, los dueños y los que podemos tener el uso de explotación. Entonces las garantías que nosotros podemos dar para eso son éstas. Entonces no se han firmado documentos en ese tenor (sic). Eso está aunque no haya un contrato como tal hasta el momento específicamente relacionado con el estadio de beisbol.
—¿Entonces lo que hay es un permiso tácito pero no con un contrato firmado?
—Es correcto. Eso se va a definir después, cuando decidamos la figura jurídica con la cual se va a llevar a cabo este proyecto.
Para el funcionario eso no es problema. Es más, dice, el terreno no se le dará ni venderá ni concesionará al equipo de beisbol. Asegura que tanto el predio como el estadio que se construya ahí serán patrimonio del Distrito Federal, que incluso su uso no será exclusivo del equipo profesional de beisbol.
Horacio de la Vega insiste que “don Alfredo Harp Helú” –como llama al empresario cada vez que lo nombra durante la entrevista– construirá, explotará y hará del nuevo estadio la “sede definitiva de los Diablos”… Pero que no será de su propiedad.
“No vamos a regalar el terreno ni lo vamos a ceder ni mucho menos. Eso va a seguir siendo parte del patrimonio inmobiliario de la Ciudad de México. El estadio va a formar parte del patrimonio inmobiliario de la Ciudad de México. Va a ser un estadio del gobierno,” dice, aunque no haya nada firmado con el dueño de la escuadra escarlata que así lo estipule.
El empresario no tuvo que mudar su equipo a un predio a las afueras de la capital o comprar las 7 hectáreas y media necesarias en una costosa zona comunicada de diversas formas como la Magdalena Mixhuca; los Pingos jugarán como locales ahí, los espacios del estadio se comercializarán, al igual que los derechos de los juegos, y, por supuesto, las entradas las venderá el equipo. Pero el director del Indeporte niega que exista una privatización:
“Mira: una inversión como la que va a hacer don Alfredo Harp Helú no se está viendo como una estrategia de negocios. Es una estrategia yo te diría filantrópica del propio don Alfredo Harp Helú”, dice convencido Horacio de la Vega.
—¿Cuál es el beneficio público al construir un estadio para un equipo privado? –se le pregunta.
—Para empezar, tener un estadio que realmente nosotros nunca íbamos a invertir una cantidad ni remotamente cercana. El espacio es de vocación deportiva. No es un tema de recuperación del espacio, es un tema de inversión de un proyecto que cumple con muchas de las condiciones que nosotros como Instituto del Deporte y órgano rector del deporte en la capital estamos fomentando.
Para la legisladora Miriam Saldaña, la construcción del nuevo estadio de los Diablos Rojos sí es “abiertamente una privatización del espacio público”, lo cual va en contra del interés general:
“No solamente estamos viviendo una crisis económica, sino que además a nuestros ciudadanos, a quienes el gobierno debe darles espacios para su recreación, para que los niños crezcan más sanos, les estamos coartando, limitando…”
Por su parte, el funcionario insiste en que el uso no será exclusivo para los Diablos y que el Gobierno del Distrito Federal será el dueño del estadio.
“Es privatización incluso si es patrimonio de la Ciudad”, revira la diputada. “El concepto de patrimonio significa que tiene acceso para todos, que tiene acceso público. Entonces en el momento que privaticemos, cuando el privado cobre, le estamos quitando el concepto de patrimonio.
“El gobierno del Distrito Federal está tomando decisiones unilaterales. Eso es bastante grave. Cómo es posible que en Iztacalco está la Magdalena Mixhuca y que no haya parques, no haya jardines, y la Ciudad Deportiva se esté privatizando cada día más.”
La Magdalena Mixhuca ha sido codiciada desde hace muchos años por los empresarios del deporte, “y nada mejor que les regalen el espacio público”, exclama Valencia.
“Es la diferencia de uso. El futbol popular se juega todos los días en la Magdalena; en cambio el autódromo y los estadios están vacíos por días, meses. ¿Qué caso [tiene] que tengamos instalaciones que nada más se usan cuando viene el juego o la temporada? En cambio se mata el deporte popular de todos los días.
“Hay una contradicción entre el deporte profesional y el popular, es decir, el deporte profesional es enemigo del deporte popular totalmente; lo expulsa, lo acaba, lo anula, y el deporte profesional es la corrupción misma por excelencia.”
Irónicamente, el proyecto impulsado por Palillo –quien fuera vilipendiado por Emilio Azcárraga, y definiera a los burgueses como “aquellos que ganan 1 peso y lo guardan en los bancos o lo cambian por dólares y los envían al extranjero”– giró de tal forma que ahora la empresa socia de Televisa, CIE, explotará el espacio para organizar uno de los eventos deportivos que por su elevadísimo costo es uno de los más alejados de la mayoría de la población. Un banquero y, además, un beneficiado por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro y la venta de Banamex al trasnacional Citigroup, Harp Helú, construirá un estadio para su equipo profesional de beisbol.
Contralínea habló con Vania Ravelo, gerente de medios de los Diablos Rojos. Ante la negativa permanente de Harp Helú de conceder entrevistas, la encargada del área de prensa dijo que Jorge Alum Kahwagi, presidente corporativo y gerente general del equipo, es el encargado de responder todo lo que tenga que ver sobre el nuevo estadio y que él atendería la solicitud. Hasta el cierre de edición no se tuvo respuesta.
Similares fueron las negativas de Tanya Müller, secretaria del Medio Ambiente, y de Leticia Mejía Hernández, subprocuradora de Protección Ambiental.
Mauricio Romero, @mauricio_contra
Te podría interesar...
Esta conversación es moderada acorde a las reglas de la comunidad “Ciudadanía Express” . Por favor lee las reglas antes de unirte a ella.
Para revisar las reglas da clic aquí
