Según la versión oficial, los jóvenes fueron detenidos por policías de Iguala y entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron sus restos en un basurero del municipio vecino de Cocula.
Sin embargo, los familiares de los desaparecidos no creen en esta versión y son también numerosas las organizaciones que la han puesto en duda.
En sus visitas posteriores, la CIDH no formuló todavía valoración sobre la veracidad de la hipótesis oficial, pero sí emitió al Gobierno varias recomendaciones y peticiones.
En la segunda visita la organización demandó a la Policía Federal mexicana que examinara dos nuevos lugares en busca de los 43 estudiantes.
A mediados de mayo, en su tercera visita al país, el grupo de expertos solicitó que se activara la búsqueda de los jóvenes y confirmó que algunos de los detenidos habían denunciado torturas.
Este sábado la titular de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía), Arely Gómez, confirmó vía Twitter que se había reunido, por cuarta ocasión, con el grupo de expertos independientes de la CIDH.
Hicimos una revisión del estado que guardan las recomendaciones que han hecho sobre los sucesos ocurridos en Iguala", detalló en redes sociales. Información del Excélsior
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