En Guerrero magistrados y jueces dan sus puestos a familiares

Zacarías Cervantes *Esa reglamentación es una de las demandas del movimiento de los trabajadores que cumple 26 días. Por lo menos 30 jueces, secretarios de acuerdos, proyectistas y actuarios han sido nombrados directamente por magistrados y hasta por políticos, afirman paristas Chilpancingo.-En clara violación a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Guerrero, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado y el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), no han establecido el Sistema de Carrera Judicial, lo que ha permitido que cuando menos dos ex presidentes de ese Tribunal y 13 de los magistrados hayan colocado a su arbitrio y a discreción a por lo menos 30 de sus familiares como jueces, proyectistas, secretarios de acuerdos y actuarios. La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de Guerrero número 129, publicada el 23 de mayo del 2000 en la administración del gobernador René Juárez Cisneros y reformada el 19 de julio de 2011, en el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, establece que el Poder Judicial del Estado emitirá el Sistema de Carrera Judicial de sus servidores públicos, “atendiendo a los principios de capacidad, rectitud, constancia, probidad, excelencia, profesionalismo, objetividad, imparcialidad, independencia, antigüedad de servicio y honestidad”. Sin embargo, los trabajadores que este lunes cumplieron 26 días en paro laboral, en demanda de incremento salarial del 35 por ciento pero también por el establecimiento del Sistema Judicial de Carrera, denunciaron que el TSJ no solamente está violentando la citada ley al no hacer uso de un reglamento, sino que sus integrantes están incurriendo en actos de nepotismo, pues hay una lista de por lo menos 30 jueces, secretarios de acuerdo, proyectistas y actuarios que han sido nombrados directamente por magistrados y hasta por políticos, atendiendo solamente su relación de consanguineidad, amiguismo y compadrazgo. “La reglamentación de la carrera judicial vendría a acabar con todo esto porque impediría que cualquier persona ajena al Poder Judicial, amparada por ser familiar de algún magistrado, por compadrazgo o amiguismo, pueda ingresar al Poder Judicial ocupando cargos jurisdiccionales altos”, dijo Eric Serrano Aguirre, uno de los voceros del plantón que se mantiene afuera de la Ciudad Judicial por parte de los trabajadores del TSJ. Informó que el nepotismo en el TSJ es del dominio público, incluso antes de que comenzara el movimiento de los trabajadores, porque magistrados, funcionarios y hasta políticos colocaron a familiares, amigos y parejas sentimentales en cargos jurisdiccionales, relegando a los trabajadores que llevan varios años trabajando en el Poder Judicial y que a pesar de que reúnen el perfil profesional, siguen desempeñando funciones administrativas. En la lista están la presidenta del TSJ, Lambertina Galeana Marín, quien tiene a su hija Paloma Oviedo Galeana como su secretaria particular y a Kenia Oviedo Galeana como proyectista de la sala Familiar. Asimismo colocó a su sobrina Lorena Benítez Radilla, como juez de Primera Instancia de lo familiar del Distrito Judicial de Hidalgo. A su vez, el magistrado Julio Lorenzo Jáuregui García, influyó para que su esposa Azucena Pineda entrara como juez de justicia para menores. También designó a su ahijado, Edgar Mendoza Falcón como juez de justicia para adolescentes, y a su hija Berenice Jáuregui Alarcón, como secretaria de acuerdos. El magistrado con licencia y ex presidente del TSJ, Jesús Martínez Garnelo, colocó también, según los trabajadores, a varios de sus familiares y amigos en diferentes áreas. Uno de ellos es su sobrino Ever Natanael Rodríguez Martínez, juez de Primera Instancia en materia de justicia para adolescentes. La magistrada perredista Adela Román Ocampo, habilitó a su sobrino Víctor Román, como proyectista de la Segunda Sala Penal en donde ella es la responsable. “El joven es un recién egresado y no cuenta con ningún mérito”, definieron los trabajadores que lo cuestionan. Mientras tanto, el magistrado Rafael Fernando Sadot Ávila Polanco recomendó a su hija Leslie Ávila, aunque de ésta no se menciona las funciones que realiza. La magistrada Yadira Icela Vega Nava, colocó a dos de sus hijos en el TSJ: Lucio Felipe Ortega Vega, juez de Primera Instancia del Ramo Civil en el Distrito Judicial de Tabares (Acapulco), según los trabajadores inconformes no tiene la capacidad para desempeñar ese cargo. El otro es Óscar Ortega Vega, proyectista del Consejo de la Judicatura. La magistrada Gabriela Ramos Bello colocó a su esposo Eduardo Manuel del Real Huerta, como encargado del departamento de obra del TSJ. El magistrado Vicente Rodríguez Martínez tiene a su hijo, Christian Américo Rodríguez como secretario de acuerdos del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de los Bravo (Chilpancingo), y a su hermano, Alberto Rodríguez Martínez, en el Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar del Distrito Judicial de Abasolo (Ometepec). La magistrada María Elena Medina Hernández intervino para que su hermano Óscar Medina Hernández, y la esposa de éste, Ana Aurora López Ocampo, entraran a trabajar en el TSJ, pero no se especifica en qué área ni el cargo. El ex presidente del TSJ, Edmundo Román Pinzón, colocó a dos de sus hijos: Edmundo Jehu Román Serrano y Michelle Román Serrano, en el Centro de Convivencia Familiar Supervisada (Cecofam). El magistrado Rubén Martínez Rauda colocó a su hermana, Leticia Martínez Rauda, como proyectista de sala. También intervino para que entraran a trabajar sus cuñadas Lourdes Franco Varela y Gloria Franco Varela, así como su sobrino, Juan Raúl Franco Padilla, éste como actuario del Juzgado Quinto Civil de Acapulco, en donde también labora su sobrina Lluvia Franco. Mientras tanto, el consejero de la Judicatura, Francisco Espinoza Grado, metió a trabajar al TSJ a su hijo Francisco Michelle Espinoza Larios en esa misma área. La magistrada de la Tercera Sala Penal, Antonia Casarrubias García, intercedió para que su hijo Víctor Manuel Alarcón Casarrubias, fuera designado como proyectista de esa misma sala. Otro de sus hijos, Alejandro Alarcón Casarrubias es oficial administrativo del Juzgado Primero del Ramo Penal del Distrito de Hidalgo. Además la hijastra de la misma magistrada, Viridiana García Brito, es oficial administrativa del Juzgado Segundo Civil del Distrito de Hidalgo y Alejandro Arriera, yerno de la magistrada, cobra como oficial administrativo del Juzgado Primero Penal de ese distrito. Además el magistrado de la Tercera Sala Penal de Iguala, Félix Nava Solís, designó a sus sobrinos Ever Fernández Nava como juez de juicios orales, y a Iván Fernández Nava, como oficial administrativo del juzgado penal. A un tercero, Carlos Nava Tapia, lo colocó en la oficialía administrativa adscrita al Distrito de Hidalgo. Los trabajadores también mencionan que el diputado federal del PRD, Sebastián de la Rosa, intervino ante el gobernador ahora con licencia Ángel Aguirre Rivero, para que su hermano Andrés de la Rosa Peláez fuera designado como secretario técnico del Consejo de la Judicatura, sin que antes hubiera trabajado en el Poder Judicial. Como parte de la ausencia de un reglamento para el Sistema de Carrera Judicial, el gobernador con licencia Ángel Aguirre Rivero pretendió también designar el año pasado como magistrado de la Sala de Justicia para Menores Infractores al magistrado jubilado del Poder Judicial de la Federación, Guillermo Sánchez Birrueta, sin embargo más de 50 jueces de primera instancia del ramo penal, civil mercantil y de lo familiar se opusieron y advirtieron al Congreso local que si los diputados sometían a consideración la propuesta promoverían un juicio de controversia constitucional. Para los trabajadores, esa es la razón por la que los magistrados y consejeros de la judicatura no han expedido el reglamento de Sistema de Carrera Judicial, “pues les conviene que siga este vacío legal para continuar con esa discrecionalidad en la designación por consanguinidad y filiación en puestos y categorías jurisdiccionales”, dijo Ramón Martínez, uno de los paristas. La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado número 129 que fue publicada el 23 de mayo del 2000 en el gobierno de René Juárez Cisneros y reformada el 19 de julio del 2011, en el gobierno de Ángel Aguirre Rivero, establece en su capítulo VIII, artículo 65 que: “el Poder Judicial del Estado establecerá el Sistema de Carrera Judicial de sus servidores públicos, atendiendo a los principios de capacidad, rectitud, constancia, probidad, excelencia, profesionalismo, objetividad, imparcialidad, independencia, antigüedad de servicio y honestidad”. Y agrega que este Sistema “tendrá como propósito garantizar la estabilidad y seguridad en el empleo, así como el ingreso, formación, actualización, promoción y permanencia de los servidores públicos del Poder Judicial”. La Ley dice que el Pleno del Tribunal, a propuesta del Consejo de la Judicatura Estatal, expedirá el Reglamento del Sistema de Carrera Judicial, que deberá contener por lo menos el sistema de mérito para la selección, ingreso, promoción y ascenso de los servidores públicos del Poder Judicial; los principios de estabilidad y permanencia en el empleo; el sistema de clasificación y perfiles de puestos; el salarial, y los programas para la capacitación, actualización y desarrollo de los servidores públicos del Poder Judicial. La dirigencia del Sindicato de Servidores Públicos del Poder Judicial del Estado de Guerrero, que ayer cumplió 26 días en paro, presentó el 14 de marzo al Congreso, la solicitud de juicio político a Lambertina Galeana, presidenta del Consejo de la Judicatura; Julio Lorenzo Jáuregui, magistrado consejero; Ricardo Salinas Sandoval, juez consejero, y Francisco Espinosa, consejero externo, por violentar esta disposición legal.