El conflicto se originó en mayo de 2012, cuando el Municipio de Santiago Amoltepec presentó una controversia constitucional contra el Gobierno estatal, al que acusó de depositar participaciones federales en cuentas bancarias no autorizadas por el Cabildo.
En febrero de 2014, la Primera Sala de la Corte resolvió, por 3 votos contra 2, que la Secretaría de Finanzas efectivamente hizo pagos a personas no autorizadas, por lo que le ordenó reponer los recursos más intereses.
La Corte también emitió el siguiente mandato para la ASF: "Para que, en el ámbito de sus competencias, audite y fiscalice la aplicación y destino de las aportaciones federales correspondientes al período del primero de enero de 2012 al treinta y uno de diciembre de 2013, que fueron entregadas erróneamente por la autoridad gubernamental del Estado de Oaxaca".
Portal sostiene ahora que no puede auditar el ejercicio de 2012, pues la actividad de la ASF está sujeta al principio de anualidad, y el plazo para revisar dicho ejercicio está concluido.
En cuanto al periodo de 2013, Portal informó a la Corte que ordenó las auditorías en agosto de 2014.
En el informe de la Cuenta Pública de 2013, la ASF presumió un daño a la hacienda federal por 39.1 millones de pesos, ya que el Municipio de Santiago Amoltepec, si bien recibió los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal, no aportó documento alguno para comprobar en qué se gastaron.
Antes estos argumentos, Zaldívar puede cambiar el sentido de su proyecto para dar por cumplida la sentencia, pero también podría insistir en proponer las sanciones, en cuyo caso la Corte tendría que resolver si el principio de anualidad en la revisión de la Cuenta Pública es argumento suficiente para no cumplir plenamente una de sus sentencias.
Durante el debate de la controversia en la Primera Sala, los Ministros Jorge Pardo y Alfredo Gutiérrez votaron en contra y enfatizaron el desorden en el Ayuntamiento tras el asesinato en enero de 2011 de Luis Jiménez Mata, Alcalde electo por usos y costumbres, lo que generó confusión sobre las personas autorizadas para recibir los fondos.







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