Añadió que ante la integración de expedientes de investigación en la Procuraduría General de Justicia (PGJO), por falta de documentación los jueces federales han otorgado amparos a los munícipes implicados, asumiendo que la sustracción de documentación contable y administrativa no es un delito grave, lo que detiene la acción penal contra los acusados".
El auditor superior afirmó que a pesar de esta situación, la ASE ha actuado ejerciendo acciones resarcitorias por la vía civil para lograr la devolución del dinero robado por los munícipes salientes o la presentación de la documentación administrativa que justifique y compruebe el gasto de los recursos públicos ejercidos por los ayuntamientos.
Anunció que este año habrá de presentar una reforma al Código Penal de Oaxaca con el propósito de elevar las penas y sanciones cuando se cometa el delito de peculado por parte de una autoridad estatal o municipal y se configure como delito grave la sustracción de documentación contable y administrativa de los municipios.
"Se requiere clasificar bien la penalidad y el castigo por la sustracción indebida de documentación contable y administrativa de los municipios para que cuando se realice la entrega-recepción y el cambio de poderes, se realice la comprobación de los recursos ejercidos con base en la documentación contable entregada de la autoridad saliente a la entrante", afirmó el funcionario estatal.
Carlos Altamirano dijo que ya es tiempo de acabar con ese "deporte universal" que se ejerce en Oaxaca, aceptado por muchos de los presidentes municipales, de dejar el cargo sin un papel que compruebe lo que gastaron en su periodo de gestión.Te podría interesar...








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