Asimismo y con base en el Artículo 128 Fracción II de la Ley de Amparo, el Decreto emitido por el Jefe del Poder Ejecutivo Estatal “no afecta el interés social ni contraviene disposiciones del orden público.”
Además, el documento asevera que “la sociedad está interesada en que se garantice la calidad de la educación obligatoria en consonancia con el texto de la reforma, la idoneidad de los docentes y directivos, para alcanzar el máximo logro de aprendizaje de los educandos”.
Es de destacar que el documento advierte que el IEEPO tiene como atribuciones y obligaciones, entre otras, el garantizar la calidad en la educación obligatoria, a fin de lograr el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos de Oaxaca, para lo cual requiere contar con unidades administrativas, así como personal de dirección técnico y administrativo necesario para el despacho eficaz de sus atribuciones.
El resolutivo está fundamentado en el Artículo 1º de la Ley General de Educación, donde se establece que esta ley regula la educación que imparten el Estado – Federación, entidades federativas y municipios-, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios.
De igual forma, establece que ésta es de observancia general en toda la República y las disposiciones que contiene son de orden público e interés social.
Al estar estipulado el derecho a la educación en la Constitución Mexicana en el Artículo 3º, el Estado está obligado a prestar servicios educativos de calidad que garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos, para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior.
“Estos servicios se prestarán en el marco del federalismo y la concurrencia previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a la distribución de la función social educativa establecida en la presente ley”, establece dicho Artículo.
Por todo lo anterior, el Gobierno del Estado de Oaxaca es respetuoso de las ordenanzas emitidas por las instituciones del Poder Judicial de la Federación judiciales y expresa su firme convicción de hacer valer la ley conforme a derecho, pero sobre todo, garantizar a la niñez y juventud oaxaqueña una educación eficiente y de calidad.
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