Alcanzan acuerdos autoridades y jornaleros de San Quintín

El acuerdo precisa que el salario mínimo integrado diario a pagar, retroactivo al 24 de mayo de 2015, una vez descontados los recursos aplicados por los productores agrícolas al pago de impuestos y de prestaciones de Seguridad Social queda en 180 pesos para el nivel de empresa “A”, de 165 para el nivel “B” y de 150 pesos para el “C”. “En ningún caso los salarios serán inferiores a los que actualmente vienen pagando; así mismo, el incremento no implicará aumento en la jornada laboral, respetando la equidad de género”. Adicionalmente, se pagará un bono de fin de año a cada trabajador equivalente a dos semanas de servicio, proporcional al tiempo trabajado, antes del 20 de diciembre de cada año, establece el documento firmado por funcionarios de las secretarías de Gobernación, del Trabajo, del gobierno estatal y municipal de Ensenada y por los productores. Señala que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, vigilará el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables en materia laboral en la Región del Valle de San Quintín. A su vez, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), coadyuvará a vigilar el estricto cumplimiento del respeto de los derechos humanos, fomentando el bienestar de las comunidades indígenas asentadas en el Valle de San Quintín y participando en el ámbito de sus atribuciones en el mejoramiento de sus condiciones de vida. Mientras que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en coordinación con los Productores Agrícolas yJornaleros Agrícolas, continuará con los procedimientos para otorgar las prestaciones de seguridad social de acuerdo a lo que la ley de la materia determine, debiendo realizar campañas de información para los Jornaleros Agrícolas. A su vez, las secretarías de Desarrollo Social y la de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación coadyuvarán en la difusión y aplicación de sus programas sociales y proyectos productivos con base en la normatividad establecida. En tanto, el gobierno de Baja California en coordinación con el gobierno municipal proyectarán y conducirán las políticas públicas estratégicas que tiendan al desarrollo principalmente educacional, de salud y de servicios públicos que coadyuven al desarrollo integral de su población y a crear condiciones de crecimiento económico en la zona. Finalmente, el texto señala que las partes que intervienen en el presente acuerdo se reunirán la primera semana del mes de julio a fin de dar seguimiento a los compromisos í signados.