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Desde 2012, Esperanza acompaña a familias que al igual que ella, fueron desplazadas de 40 comunidades en la región de la Sierra Madre Occidental, luego de un conflicto territorial que no ha sido resuelto por el gobierno, y que a decir de las defensoras ha puesto en vulnerabilidad la vida de la activista y de las familias desplazadas.
Desde esa fecha, la líder y representante de quienes se asentaron en las ciudades de Guamúchil y Culiacán, ha trabajado para visibilizar la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las familias, lo que generó una campaña de difamación y amenaza contra ella.
Ante las amenazas, Esperanza recurrió al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del gobierno federal, para exigir medidas de protección; a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para informar sobre las agresiones en su contra.
Es por ello que las integrantes de la Red pidieron al gobierno estatal que tome medidas para salvaguardar la vida e integridad física de Esperanza, implemente mecanismos para que ella y las familias desplazadas puedan regresar a su lugar de origen, y haga las investigaciones necesarias para encontrar y castigar a los agresores de la defensora.
Además, la Red también instó a garantizar la aplicación de la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, como lo han señalado organismos internacionales.
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