Cruz Mendoza recalcó que los tres órdenes de gobierno en el país mantienen una deuda sin saldar con los pueblos originarios, a los que se ha negado el pleno acceso a los derechos a la propia salud, la educación, el desarrollo económico y a mantener su cultura y costumbres.
Subrayó que la educación es indispensable para que los más de 15 millones de indígenas que viven en el país tengan los conocimientos suficientes y a su vez, puedan hacer valer por sí mismos sus derechos.
Solo pueblos informados y educados tendrán la capacidad de exigir a las autoridades que cumplan con sus obligaciones, enfatizó.
Al dar por concluidos los trabajos de la comisión legislativa a su cargo, destacó que se buscó evitar que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) fuera absorbida por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), a fin de mantener su presupuesto y facultades propias.
Asimismo, se impulsaron cambios legales para que el presupuesto de egresos contemplara el acceso a la educación para todos los mexicanos como una garantía, aseveró.
Se estableció que todos los indígenas que deban acudir a juzgados penales o civiles, tendrán que contar con el apoyo de un intérprete y traductor en sus lenguas maternas; asimismo, se propuso que esas lenguas sean consideradas idioma nacional, a la par del español; también se reformó el artículo 2 constitucional para garantizar el derecho de la mujer indígena al voto, ejemplificó.
Agregó que pese a dichos avances, faltó mucho por avanzar en la promoción del respeto a la diversidad, identidad y cultura de los pueblos indígenas en México.
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