Así, además de exigirles un porcentaje de apoyo del 3% del padrón que corresponda al cargo de elección popular por el que quiere contender un ciudadano, que es superior a los que se exigen para conformar un partido político, los obligarán a solicitarle a cada ciudadano que apoye a un aspirante a candidato independiente una copia de su credencial de elector. Increíblemente para la Corte un ciudadano que ose aspirar a una candidatura independiente tiene que proveerle a la autoridad administrativa electoral nacional, única encargada por ministerio de ley del padrón electoral en el país, de una copia para que pueda cotejar la vigencia de la credencial de elector así como si, de conformidad con su domicilio, su apoyo es válido para un aspirante.
En otras palabras, para la Corte, el Registro Federal Electoral solamente puede verificar los datos de ese ciudadano mediante una copia simple de la credencial de elector, no puede hacerlo mediante las manifestaciones de apoyo en las que se hacen constar los datos registrales del ciudadano, entre otros, el nombre, la clave de elector o OCR y la firma del elector, eso también corre a cargo del ciudadano. Parece que la encomienda es hacer que los ciudadanos no tengan posibilidades de acceder a otras formas de participación ciudadana y si no son suficientes las trabas legales, los partidos políticos tienen un aliado en la Corte de nuestro país.
La implementación de las candidaturas a nivel federal en este proceso electoral deja varios aprendizajes. Ninguno de los cuales pasa por endurecer los requisitos para el acceso de los ciudadanos a las candidaturas independientes. Por el contrario, pasa por exigirles transparencia y rendición de cuentas, por una adecuada fiscalización de sus recursos pero no por cerrar aún más la puerta a otras formas de participación ciudadana.
Con el proceso electoral en sus etapas finales ya es posible hacer un balance de la reforma político electoral del año 2014. Desafortunadamente, el temor de los partidos y las ganas de hacerse cómodo el acceso al poder, delinean las propuestas en esta materia. Todo parece indicar que, de la mano de diversos actores públicos, en lugar de que se amplíen para los ciudadanos las formas de incidir en el espacio público, estos cargos quieren reservarse para los selectos militantes de los partidos políticos.
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