En 2008, durante la XVII Conferencia Internacional sobre el Sida, 30 ministros de salud y 26 de educación de AL y el Caribe firmaron la Declaración Ministerial Prevenir con Educación, compromiso regional para ampliar los servicios a la juventud y que establecía metas a cumplirse a más tardar este 2015.
Dos de los objetivos eran reducir en 75 por ciento la brecha en el número de escuelas que no han institucionalizado la ESI, y disminuir en 50 por ciento la brecha en adolescentes y jóvenes que carecen de cobertura de servicios en salud sexual y reproductiva.
José Ángel Aguilar, coordinador de la Red Nacional de Democracia y Sexualidad (Demysex) –organización que forma parte de la Coalición Mesoamericana–, explicó que la evaluación se realizó a las políticas y planes que los países pusieron en marcha, toda vez que la Declaración no estableció un mecanismo formal de rendición de cuentas.
Informó que a nivel regional se registraron avances importantes, por ejemplo en Bolivia se aprobó la ESI como un derecho de la juventud; en Costa Rica se creó un programa nacional de educación sexual, y en México se promulgó la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (Enapea).
No obstante, Aguilar acotó que en los presupuestos para salud en ocho de las 17 naciones evaluadas no existen recursos específicos para la implementación de la Declaratoria Ministerial Prevenir con Educación, y sólo nueve países reportaron tener montos destinados para Educación Sexual Integral.
En materia de enseñanza, la mayoría de los materiales didácticos en sexualidad en AL y el Caribe carecen de información suficiente y adecuada sobre temas de “género y placer”, así como de relaciones interpersonales.
Al mismo tiempo que la capacitación al personal docente en todos los niveles educativos a nivel nacional y local aún es deficiente en siete países de la región.
Respecto a los servicios de salud, la Coalición detectó que en 11 naciones hay un acceso prácticamente inexistente a servicios de aborto seguro para las y los jóvenes.
Ante ello, la organización presentó recomendaciones de política pública a cada uno de los países, entre ellos México, Argentina y Honduras.
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