Responsabilizaron al arzobispo José Luis Chávez Botello, al apoderado legal de la diócesis Romualdo Wilfrido Mayrén Peláez (padre UVI), vicario general Francisco Reyes Ochoa, secretario canciller Lorenzo Fanelli de Liddeo de cualquier agresión que pueda vivir Manuel Arias, sus colaboradores o feligreses, lo anterior después de que el pasado 3 de marzo junto con personas armadas, presuntamente elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones intentaran desalojarlo de manera violenta de su parroquia, lo cual no fue permitido por la comunidad.
“No hay duda que el arzobispo quiere hacer el cambio de párroco en el contexto de las denuncias contra el sacerdote Gerardo Silvestre Hernández, quien se presume violentó sexualmente a más de cien niños de diversas comunidades indígenas de Oaxaca. El hecho manifiesta enojo del arzobispo Chávez Botello por quedar en evidencia el encubrimiento que ha hecho a favor del sacerdote Silvestre Hernández, hoy preso en Tlaxiaco”, señala el comunicado.
Tras más de dos años de su detención Silvestre Hernández no ha recibido sentencia, lo cual “ofrece un panorama que sólo puede justificarse por la encubrimiento entre las autoridades eclesiásticas, las instancias de procuración e impartición de justicia e incluso de las instancias responsables de observar los derechos humanos en nuestro estado”, advirtieron.
El texto es firmado por organizaciones a nivel nacional e internacional, así como teólogos, académicos, laicos de diversas partes del mundo entre ellas Alemania, Perú, Bolivia, Argentina, Estados Unidos, Chile, así como integrantes de la iglesia católica de Oaxaca.
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