De agosto del 2014 a diciembre de 2015, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU emitió cinco opiniones oficiales al gobierno de México en las que considera que existieron detenciones arbitrarias e irregularidades en los procesos penales de cinco personas defensoras de derechos humanos. El hecho es inédito. Es la primera vez que el Grupo emite tal número de opiniones en un lapso de poco más de 1 año. Dentro de estos cinco defensores se encuentran Damián Gallardo Martínez, Pedro Celestino Canché Herrera, Librado Jacinto Baños Rodríguez, Enrique Guerrero Aviña y Nestora Salgado García (todos con situaciones independientes y particulares) fueron detenidos arbitrariamente y encarcelados por delitos que no cometieron.
Algunos de ellos fueron obligados a firmar confesiones de hechos delictivos bajo tortura y amenazas de represalias contra sus familias, y enviados a penales de máxima seguridad en confinamiento solitario. Además se les fabricaron cargos y sufrieron agresiones de distintos agentes estatales, dentro y fuera de las instalaciones penitenciarias en las que permanecieron o permanecen recluidos.
Los cinco casos aquí referidos son emblemáticos de este grave patrón, que también ha sido evidenciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En su informe sobre la Situación de Derechos Humanos en México, publicado en diciembre 2015, destaca: “La tortura es generalizada y se presenta frecuentemente entre el momento de una detención – que suele ser arbitraria – y antes de que la persona detenida sea puesta a disposición de un juez”. Y agrega: “Las detenciones son utilizadas políticamente como herramienta para acallar voces disidentes, movimientos sociales y movimientos estudiantiles”.
El caso de Damian Gallardo Martinez, es el caso paradigmático que evidencia la política de estado de utilización del sistema penal para difamar, denostar y criminalizar a un defensor.
Pese a que se han ganado diversos amparos solo han sido para efectos evidenciando la falta de independencia del Poder Judicial del poder Ejecutivo Federal dado que por las graves violaciones a derechos humanos: detención arbitraria, incomunicación, tortura, violaciones al debido proceso ya debía estar libre, sin embargo el aparato de estado lejos de actuar conforme a la reforma constitucional del 2011, lo mantiene preso.
Entre las múltiples pruebas que se han ofrecido en la causa penal y que han ido desvirtuando, las acusaciones del Ministerio Público Federal, trascienden:
La exclusión como pruebas inculpatoria las primeras declaraciones de los inculpados ante la autoridad Ministerial, por que se obtuvieron bajo tortura (caso resuelto David Vargas Araujo).
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